💥 Golpe al sector lácteo: La Suipachense se declara en quiebra y deja 140 trabajadores en la calle
Tras más de 70 años de historia, la tradicional empresa láctea bonaerense no logró superar la crisis financiera. El fallo judicial ordena la liquidación de bienes e inhabilita a su director.
El Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., razón social de La Suipachense, una de las firmas más emblemáticas del sector lácteo argentino. La decisión implica la liquidación total del patrimonio y la pérdida de los 140 puestos de trabajo en su planta de la localidad bonaerense de Suipacha.
La resolución judicial estableció la inhabilitación definitiva de la empresa y dispuso la inhibición general de bienes. Además, el magistrado determinó la inhabilitación del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, responsable de la administración, quien deberá pedir autorización judicial para salir del país.
El fallo también ordena la clausura inmediata de la planta, la incautación de documentación y llaves y la entrega de accesos digitales a la sindicatura.
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⚠️ Un nuevo caso tras la caída de ARSA
La quiebra de La Suipachense se suma a la de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), proveedora de SanCor, que fue declarada en quiebra la semana pasada.
ARSA operaba en Lincoln y Córdoba, empleando a más de 380 trabajadores, y su cierre definitivo dejó a 70.000 puntos de venta sin abastecimiento.
Ambas compañías reflejan el difícil contexto del sector lácteo argentino, afectado por problemas financieros, de gestión y caída de consumo interno.
🧩 Una crisis que se gestaba desde hace meses
En el caso de La Suipachense, la situación se agravó a comienzos de septiembre, cuando la empresa despidió a nueve empleados administrativos y anunció nuevos recortes. Desde entonces, la producción quedó paralizada y los trabajadores montaron un campamento frente a la fábrica, reclamando por salarios adeudados y una salida a la crisis.
El pedido formal de quiebra fue presentado el 27 de octubre por el abogado Julián Coronel, representante del gremio Atilra y apoderado de la firma acreedora Watt’s.
Para ese momento, la planta acumulaba tres meses de inactividad y sin ingresos.
“El cese total de producción y la grave situación de los trabajadores hacen inviable la continuidad de la empresa”, señala el fallo judicial que selló el final de una historia de más de siete décadas.
