Reforma laboral para el agro: el Gobierno busca más empleo formal sin recortar derechos
El proyecto de modernización laboral presentado por el Gobierno propone una reforma estructural y prudente para el agro argentino, orientada a mejorar la empleabilidad, reducir la informalidad y fortalecer la previsibilidad, sin afectar derechos fundamentales de los trabajadores.
La realidad del campo exige un marco normativo que acompañe la modernización tecnológica y la estacionalidad propia de la producción agropecuaria. Con ajustes puntuales y bien diseñados, la iniciativa busca reducir el empleo informal, brindar mayor certidumbre a los empleadores y promover un mercado laboral más dinámico y eficiente.
La informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral argentino, dejando a miles de trabajadores sin protección y generando, al mismo tiempo, incertidumbre de costos que desalienta la inversión. En este contexto, el agro —uno de los motores de la economía nacional— requiere reglas que reflejen su realidad productiva sin erosionar derechos laborales básicos.
Te puede interesar
- Pronóstico de lluvias hasta el 22 de diciembre
El Gobierno baja retenciones al agro: reducción permanente para granos y subproductos
- Suba salarial para trabajadores rurales: el campo cierra un acuerdo clave que impacta a más de 200 mil familias rurales
- La obra social de los rurales entra en emergencia: deuda récord y un plan extremo para sobrevivir
El Proyecto de Ley de Modernización Laboral propone actualizar la Ley de Trabajo Agrario (Ley 26.727 y su normativa complementaria) para armonizarla con las condiciones actuales del sector. La iniciativa preserva las garantías laborales vigentes, pero introduce cambios para facilitar la contratación estacional y optimizar la gestión de las obligaciones laborales.
Uno de los puntos centrales es la reforma del sistema de negociación salarial, que pasará de un esquema tripartito a uno bipartito entre trabajadores y empleadores, sin intervención del Estado en las paritarias. La intención es que la discusión salarial se desarrolle de manera directa entre las partes.
El proyecto también prevé la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones a cargo del empleador, con el objetivo de reducir la incobrabilidad y fomentar el empleo registrado.
Entre otras reformas, se propone eliminar la responsabilidad solidaria indiscriminada entre el dueño de la tierra y el arrendatario; suprimir la figura del trabajador permanente discontinuo para adecuar la contratación a los ciclos estacionales; y establecer un período de prueba de ocho meses, considerado razonable para evaluar aptitudes en un contexto de creciente incorporación tecnológica y necesidad de capacitación.
Lejos de plantear una desregulación, la modernización del marco laboral agrario busca un equilibrio entre la flexibilidad que demanda la producción y la protección de los trabajadores que sostienen la actividad.
El proyecto, que ya ingresó al Congreso, es presentado como una propuesta equilibrada y oportuna. De aprobarse sin cambios, podría acelerar la transición hacia un agro más formal, competitivo y con beneficios para trabajadores, productores y la economía en su conjunto.
Por Ignacio Forconi – Asesor de Sociedad Rural Argentina (SRA)
