La Justicia puso fin a la intervención: UATRE recupera el control de la obra social de los trabajadores rurales
Después de 15 meses de fuertes disputas judiciales y políticas, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) logró un fallo clave: el juez federal Sebastián Casanello ordenó la inmediata restitución del directorio original de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), poniendo fin a una intervención que había generado fuertes cuestionamientos.
Desde el gremio celebraron la resolución y aseguraron que marca el cierre de una etapa “atravesada por irregularidades graves, denuncias reiteradas y un claro avasallamiento a la autonomía sindical”.
Un fallo que revierte decisiones anteriores
La decisión de Casanello deja sin efecto la medida adoptada en octubre de 2024 por el juez Luis Villena, actualmente investigado por presunto prevaricato, quien había desplazado al directorio elegido democráticamente. Según UATRE, aquella resolución se dictó en un contexto de “parcialidad manifiesta e incompetencia territorial”, argumentos que incluso motivaron recusaciones por parte de fiscales intervinientes.
“El fallo deja en claro que la hipótesis que dio origen a la intervención es hoy prácticamente inexistente”, sostuvo el sindicato, y remarcó que el magistrado concluyó que no existe fundamento para sostener ni el desplazamiento del directorio ni la continuidad de la intervención.
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El trasfondo del conflicto con el Gobierno
El caso Osprera se convirtió en uno de los focos de mayor tensión entre la conducción de UATRE, encabezada por José Voytenco, y el Gobierno nacional. Durante este período, la obra social estuvo a cargo de Marcelo Petroni, interventor designado por decreto del presidente Javier Milei.
Desde el gremio rural denunciaron que, a lo largo de esos 15 meses, la gestión intervenida fue objeto de múltiples presentaciones judiciales y señalamientos por presuntas irregularidades.
Entre los puntos más graves, UATRE enumeró:
Duplicación de estructuras administrativas, con designaciones de dirigentes sin experiencia en el sistema de salud.
Pagos de facturas sin prestaciones reales, priorizando negocios considerados irregulares.
Recorte severo en prestaciones médicas, que derivó en interrupciones en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo.
Impacto en los afiliados y causas judiciales
Según el sindicato, estas decisiones tuvieron consecuencias críticas para miles de afiliados, con agravamiento de enfermedades y situaciones extremas. Hasta diciembre pasado, se habrían registrado 476 amparos judiciales por falta de cobertura, muchos de ellos incumplidos, además de tres causas penales por presunto abandono de persona seguido de muerte.
Entre los casos mencionados figura el de José Alfredo Garavento, un paciente oncológico que falleció en febrero de 2025 luego de la interrupción de su tratamiento.
Vuelta a la conducción gremial
Con el fallo de Casanello, Osprera retorna a la administración de las autoridades elegidas legítimamente, tras más de un año de conflictividad institucional y judicial. Desde UATRE advirtieron que el proceso de normalización no será sencillo ni inmediato, dado el estado en el que se recibirá la obra social.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad sindical, la transparencia y la defensa prioritaria de la salud de los peones rurales y estibadores de todo el país”, señalaron desde el gremio.
Y concluyeron: “La lucha continúa. No sabemos en qué condiciones será devuelta Osprera, pero vamos a trabajar para reconstruir una obra social digna, autónoma y al servicio exclusivo de las familias rurales”.
