INTA en la cuerda floja: el Gobierno busca recortar hasta 1700 puestos y encendería otro conflicto con los gremios
El Gobierno nacional avanza con su plan de “transformación” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y busca reactivar un recorte que podría alcanzar a 1700 trabajadores, pese al fuerte rechazo gremial y a los frenos judiciales y legislativos registrados en los últimos meses. Actualmente, el organismo cuenta con 5822 empleados.
La iniciativa incluye un esquema de retiros voluntarios y una revisión profunda de la estructura del instituto, que podría derivar en el cierre de centros de investigación considerados “innecesarios” o con bajo nivel de aportes a la producción. Según fuentes oficiales, el INTA “sigue operando con un modelo diseñado para la matriz productiva de hace 50 años” y requiere una modernización que incluya nuevas tecnologías y la eliminación de áreas “sobredimensionadas”.
Desde los gremios, sin embargo, la preocupación es creciente. APINTA —el sindicato del organismo— advirtió que desde la asunción del actual gobierno la planta ya se redujo un 17%, con 822 trabajadores que dejaron sus cargos por renuncias, retiros, jubilaciones o cesantías. “No es viable seguir achicando sin poner en riesgo el funcionamiento del INTA”, sostuvo su secretario general, Mario Romero.
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A esto se suma el malestar por declaraciones de Nicolás Bronzovich, presidente del organismo, quien en visitas a distintas estaciones experimentales aseguró que el INTA “tiene que funcionar con menos personal del que tenía”.
La delegada de ATE, Julieta Boedo, advirtió que se viene “otro diciembre negro”, acusó al Gobierno de intentar reinstalar un plan de despidos ya frenado por la Justicia y denunció el ingreso de funcionarios externos a cargos jerárquicos “sin concurso”.
Mientras tanto, el Consejo Directivo —que recientemente renovó parte de sus integrantes— comenzó a trabajar en una agenda de reorganización, aunque sin resoluciones concretas. Entre los temas más sensibles aparece el futuro de la estación experimental del AMBA en Castelar, donde el Gobierno impulsó un cierre que quedó paralizado por un amparo judicial.
También continúa la discusión por la posible venta de tierras del INTA, una propuesta que encuentra fuerte resistencia en las provincias. “Los consejeros del interior no están dispuestos a entregar tierras; eso frena cualquier avance”, señaló Romero.
En paralelo, para 2026 se proyecta un presupuesto 30% mayor al de 2025, cifra que los gremios consideran insuficiente para sostener el funcionamiento del organismo.
El INTA, recordaron, está gobernado por un Consejo Directivo mixto con representantes del Estado, entidades agropecuarias y el sector académico. Aún falta la designación del representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuya terna ya fue enviada al Gobierno.
