INTA e INV, en la mira del Gobierno: la reestructuración quedó en pausa tras la resistencia del propio agro
El intento del Gobierno nacional por avanzar con una profunda reestructuración de organismos clave para el agro argentino chocó con límites inesperados. Tanto el INTA como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) quedaron bajo el foco de la llamada “motosierra”, pero los cambios impulsados desde la Casa Rosada no lograron avanzar al ritmo previsto y hoy permanecen, en gran medida, en estado de indefinición.
El punto de partida fue en julio de este año, cuando el entonces vocero presidencial —actual jefe de Gabinete— Manuel Adorni calificó a varios entes públicos como “organismos ineficientes” al anunciar un mega decreto de desregulación que alcanzaba al INTA, al INV y al INASE.
“El INTA se desvió de su propósito original y fue utilizado como herramienta de militancia política”, afirmó Adorni en aquel momento, en una declaración que generó fuerte repercusión dentro y fuera del sector agropecuario.
El caso INTA: resistencia y freno judicial
En el INTA, el conflicto se arrastra desde hace más de un año. El principal punto de tensión fue la intención del Gobierno de desarmar el histórico Consejo Directivo autárquico, vigente desde 1956 y con participación de las entidades del agro, para convertir al organismo en una dependencia directa del Poder Ejecutivo.
La iniciativa encontró rechazo transversal: trabajadores del instituto, entidades rurales y actores del propio sector privado se manifestaron en contra. El mega decreto fue rechazado por el Congreso en dos oportunidades y luego quedó sin efecto por una decisión judicial, lo que obligó al Ejecutivo a retroceder.
Ante ese escenario, el Gobierno debió rearmar el Consejo Directivo y buscar avanzar por una vía más consensuada. Sin embargo, los resultados siguen siendo inciertos. Recién en los últimos días el órgano volvió a reunirse y, por ahora, no hay definiciones concretas. El INTA continúa funcionando, pero en una suerte de limbo institucional, sin claridad sobre su futuro inmediato.
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El INV y una desregulación bajo revisión
En el caso del INV, el impacto no llegó tanto por el mega decreto —que también quedó sin efecto— sino por una resolución posterior que eliminó 973 normas, muchas de ellas consideradas obsoletas por el propio sector vitivinícola.
La medida tuvo inicialmente una recepción favorable en Mendoza y San Juan, tanto en la industria como en el arco político. Sin embargo, el respaldo no fue unánime y la discusión terminó trasladándose a la Justicia.
Un recurso de amparo presentado por Acovi, la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y Carpa puso el foco en dos herramientas consideradas clave para la trazabilidad del vino argentino: el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05).
La resolución oficial establecía que, a partir de 2026, ambos instrumentos pasarían a ser optativos. Pero la Justicia aceptó el amparo y dispuso que, por ahora, se mantengan como obligatorios hasta resolver el fondo de la cuestión.
Trazabilidad, reputación y una decisión pendiente
Desde el sector vitivinícola, el reclamo apunta a preservar la reputación internacional del vino argentino. Así lo expresó Mario González, presidente de Coviar y de Carpa, quien defendió la continuidad de ambos registros.
“Son herramientas clave para que todo el proceso sea trazable y medido. No generan más costos ni burocracia y cuentan con el consenso del sector productivo e industrial”, afirmó.
Ahora, el INV deberá presentar sus argumentos ante la Justicia, que será la encargada de definir si estos mecanismos continúan siendo obligatorios. Hasta entonces, la reestructuración del organismo permanece en suspenso, en la antesala de una nueva vendimia.
Un denominador común: cambios frenados
Tanto en el INTA como en el INV, la ofensiva desreguladora del Gobierno no logró concretarse como estaba prevista. La resistencia interna, el respaldo del sector privado y la intervención judicial marcaron un límite claro.
Así, en pleno 2025, la “motosierra” sobre dos pilares institucionales del agro argentino quedó a medio camino, con definiciones clave aún pendientes y un escenario abierto que seguirá generando debate en los próximos meses.
