La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes cuestionó con dureza a la Justicia provincial por la falta de respuestas ante los delitos en el campo. Apuntan a un fiscal por demoras que, aseguran, obstaculizan el trabajo de la Policía Rural.
La inseguridad en el ámbito rural volvió a encender la polémica en Corrientes. La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC) difundió un comunicado con fuertes cuestionamientos a la Justicia, a la que responsabiliza por no acompañar con la misma celeridad el trabajo que viene realizando la Policía en la investigación de los delitos en el campo.
Con una frase que resume su malestar —“Nada se parece tanto a la injusticia como a la justicia que llega tarde”— la entidad expresó su desazón por la falta de avances concretos y apuntó de manera directa a un fiscal, al que acusa de indiferencia y desidia frente a una problemática que, aseguran, no da tregua.
Desde la mirada del ruralismo correntino, el principal cuello de botella no está en las fuerzas de seguridad, sino en el ámbito judicial. “La Policía investiga y actúa, pero los procedimientos se traban cuando deben avanzar en la órbita de la Fiscalía”, sostienen.
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El detonante del reclamo fue una situación que, según la ASRC, se repite con frecuencia: cinco unidades de la Policía Rural quedaron a la espera de instrucciones judiciales, “expuestas a las inclemencias del tiempo”, sin poder avanzar en la aprehensión de personas involucradas en delitos rurales. Para la entidad, esta falta de definiciones desalienta la tarea policial y debilita la coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.
“Lo más grave es que se trata de actores que reinciden en este tipo de hechos. La demora no solo frena los procedimientos, sino que transmite un mensaje de impunidad”, advirtieron. En ese sentido, la organización expresó “preocupación y disconformidad” por lo que considera una ausencia persistente de respuestas por parte del fiscal señalado, una situación que —afirman— ya fue puesta en conocimiento de las autoridades superiores del Ministerio Público.
El comunicado también reconoce y respalda el trabajo de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (ex PRIAR), destacando patrullajes, controles y acciones preventivas que permitieron avances aun con recursos limitados. “Hay compromiso en el terreno, pero ese esfuerzo se ve seriamente condicionado cuando llega el momento de judicializar los hechos”, remarcaron.
Por eso, desde la ASRC reclamaron una revisión del accionar de la Fiscalía General y pidieron restablecer una coordinación efectiva entre la Justicia y las fuerzas de seguridad rurales, tal como establece la normativa vigente.
“La seguridad rural no puede quedar a merced de la desidia ni de decisiones que debilitan el Estado de Derecho”, concluyeron. El mensaje del campo correntino es claro: sin respuestas judiciales ágiles, la lucha contra el delito en el ámbito rural pierde fuerza.
