El Consejo Agroindustrial Argentino prepara una ofensiva legislativa para impulsar el empleo y las exportaciones
Con la mirada puesta en el nuevo escenario político que se abrirá el 11 de diciembre, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se alista para volver a poner al sector en el centro del debate nacional. La entidad, que nuclea a más de 60 cámaras y 35 cadenas de valor, planea reactivar un conjunto de proyectos de ley destinados a dinamizar la producción, el empleo y las exportaciones del país.
“Tenemos una oportunidad única para sacar adelante las leyes que necesita la agroindustria”, sostuvo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC) y referente del CAA, durante el encuentro por el 50° aniversario de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), celebrado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Según Idígoras, el resultado electoral mostró “una demanda clara por un país más federal, productivo y exportador”, y destacó que es el momento de “convertir esa visión en políticas concretas”.
El propio presidente Javier Milei, en declaraciones recientes, subrayó su intención de “liberar al campo” y “apostar por la agroindustria como motor del crecimiento argentino”, una postura que el sector interpreta como un cambio de clima político favorable para avanzar en el Congreso.
Además, el recambio legislativo podría dar al oficialismo mayor margen de diálogo con las fuerzas opositoras para lograr consensos.
Tanto el CAA como la Fundación Barbechando —encargada del seguimiento legislativo agroindustrial— ya iniciaron conversaciones con los bloques libertario, radical y del PRO para construir acuerdos. “El desafío es transformar las políticas coyunturales en políticas de Estado”, señaló Idígoras.
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El paquete de leyes que impulsa el sector
El primer proyecto que el Consejo busca poner en marcha es la Ley RIMI (Régimen de Inversión y Empleo), inspirada en la propuesta original de inversión agroindustrial elaborada por el CAA y adaptada por el Gobierno.
“Argentina cuenta con leyes de promoción para minería, gas o petróleo, pero ninguna para su principal motor económico, el agro”, explicó Idígoras.
La iniciativa —firmada por la diputada Romina Díez y respaldada por el propio Presidente— contempla devolución de IVA, amortización acelerada y beneficios fiscales para inversiones superiores a 150.000 dólares, sin subsidios y con enfoque en empleo y exportaciones.
El segundo eje legislativo será la Ley de Riesgo Agropecuario, diseñada junto a la Fundación Barbechando para crear un sistema nacional de seguros multirriesgo que brinde cobertura ante sequías o eventos climáticos extremos.
“Hoy la mayoría de los productores está desprotegida. Los seguros privados son inaccesibles o directamente inexistentes”, advirtió Idígoras.
El proyecto apunta a replicar modelos exitosos de países competidores, con respaldo estatal y reglas estables para proteger la producción y evitar pérdidas millonarias.
La tercera iniciativa es una nueva Ley de Biocombustibles, destinada a reemplazar el esquema vigente. “La actual ley es intervencionista: fija precios, volúmenes y actores”, criticó el dirigente.
El nuevo marco buscará ampliar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel, fomentar la competencia y promover el uso de insumos locales como maíz, caña de azúcar y soja.
“Tenemos capacidad para producir biocombustibles equivalentes a cuatro veces la demanda interna de gasoil”, señaló Idígoras.
Federalismo, innovación y sustentabilidad como ejes
Según fuentes consultadas por Ámbito, la nueva agenda del CAA se articulará en torno a tres pilares: una visión federal, con participación de todas las provincias productivas; un enfoque innovador, que incluya leyes sobre semillas y biotecnología; y una estrategia sustentable, alineada con las exigencias ambientales y laborales internacionales.
“Hoy el mundo ya no demanda solo calidad y precio, sino también trazabilidad, sostenibilidad y cumplimiento normativo. El desafío es demostrar que el agro argentino está a la altura”, subrayó Idígoras.
El Consejo también planea impulsar una ley de presupuestos mínimos para unificar criterios sobre buenas prácticas agropecuarias y uso responsable de fitosanitarios, frente a la proliferación de normativas locales dispares.
Con el inicio del nuevo período legislativo, el CAA se prepara para relanzar su agenda con amplio respaldo político. Los proyectos, que contarán con apoyo técnico y consenso entre varios bloques, buscan convertir la competitividad del agro en una verdadera política de Estado.
“Tenemos que dejar atrás el péndulo de discutir cada cuatro años si exportamos o no. El desarrollo argentino empieza en el interior productivo. El campo no es el problema: es parte de la solución”, concluyó Idígoras.
