El agro español endurece su postura contra el acuerdo Mercosur-UE y anuncia protestas: exigen “cláusulas espejo” y alertan por competencia desleal
A pocos días de que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea vuelva a escena, las principales entidades del agro español salieron con los tapones de punta. En Madrid, referentes de Asaja, COAG y UPA ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que cuestionaron duramente el entendimiento con Sudamérica, advirtieron por su impacto en sectores sensibles y confirmaron un nuevo ciclo de movilizaciones en todo el país hacia fines de enero.
Sin tractores todavía en las calles de la capital, pero con un calendario de protestas ya definido, el mensaje del campo fue contundente: el acuerdo, tal como está planteado, no garantiza reciprocidad, expone a los productores europeos a una competencia desigual y pone en riesgo miles de explotaciones, especialmente en España.
“Desde Asaja rechazamos rotundamente el acuerdo con Mercosur en su forma actual”, afirmó Pedro Barato, presidente de la entidad y productor olivícola. Según explicó, el texto carece de reglas de juego equivalentes y abre la puerta a importaciones que no cumplen los mismos estándares que se exigen dentro de la Unión Europea.
Carne vacuna, azúcar, remolacha, cítricos, arroz, ganadería extensiva y apicultura fueron algunos de los sectores mencionados como los más vulnerables ante la apertura comercial. Para Barato, el impacto negativo no es solo productivo, sino también estructural: “Es una amenaza constante para la viabilidad del sector agrario europeo”.
Cuestionamientos sanitarios y controles
La conferencia se realizó en la sede madrileña de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), con participación también de la COAG. Allí, los dirigentes pusieron el foco en el ingreso de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE y en las debilidades del sistema de control.
Uno de los ejemplos citados fue el uso de determinados agroquímicos en la producción de remolacha, que —según advirtieron— podría derivar en el cierre de un polo industrial clave en la zona de Jerez. En ese marco, Barato fue especialmente crítico con las llamadas cláusulas de salvaguardia, a las que calificó como “inaplicables” en la práctica.
También extendió sus cuestionamientos al plano político y sanitario, al señalar que los controles actuales resultan insuficientes para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las normas europeas en productos importados desde Sudamérica.
Te puede interesar
- Pronóstico de lluvias hasta el 26 de enero
Maíz bajo presión: el “tsunami” de oferta mundial hunde precios y aconsejan cubrir valores ya
- La Niña pierde fuerza: enero y febrero llegarán con lluvias sin freno climático
Aceite de oliva y asimetrías
Desde su experiencia como productor, Barato dedicó un tramo de su intervención al sector del aceite de oliva y remarcó las fuertes asimetrías entre consumo, producción y condiciones de acceso al mercado. A su entender, el acuerdo beneficia a grandes corporaciones y a otros sectores de la economía europea, mientras deja al agro como “moneda de cambio” en la balanza comercial.
La PAC y el “debilitamiento de Europa”
Por su parte, Cristóbal Cano, titular de UPA, amplió el debate al marco de la Política Agraria Común (PAC). Alertó que el nuevo esquema financiero plurianual apunta a una reducción presupuestaria que terminaría debilitando al proyecto europeo y al apoyo histórico al sector agropecuario.
“Necesitamos una Europa fuerte que respalde a su agricultura, no que avance hacia la renacionalización de la política agraria”, sostuvo.
Cláusulas espejo, en el centro del reclamo
A diferencia de las críticas más duras al acuerdo en sí, Cano remarcó que los acuerdos comerciales son necesarios, pero solo si se basan en reglas claras y exigibles. En ese sentido, reclamó que el entendimiento con el Mercosur incluya cláusulas espejo obligatorias: mismas normas productivas, sanitarias y ambientales para ambas partes.
“Queremos que esas cláusulas estén escritas, firmadas y comprometidas. No es admisible que ingresen a la cadena alimentaria europea productos hechos con condiciones distintas a las que rigen aquí”, afirmó. Además, pidió auditorías externas de la UE en territorio sudamericano para verificar el cumplimiento efectivo de lo pactado.
Nuevas tractoradas en agenda
El malestar del agro español no quedará solo en declaraciones. Las entidades anunciaron un proceso de movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero, con especial énfasis en el día 29, cuando esperan concentrar la mayor cantidad de protestas.
Ya se registraron acciones en la zona de Irún y están previstas tractoradas en Extremadura, Toledo, el Levante y Valladolid. Mientras tanto, la dirigencia sigue de cerca los movimientos políticos en Bruselas y Asunción, a la espera de definiciones que podrían reavivar aún más el conflicto.
El mensaje del campo español es claro: sin reciprocidad ni controles efectivos, el acuerdo Mercosur-UE enfrenta una resistencia creciente que promete trasladarse, una vez más, de los despachos a las rutas.
