Avanza el ajuste en el INTA: retiro voluntario, cierre de centros regionales y venta de 42.000 hectáreas
El conflicto en torno al futuro del INTA vuelve a escalar. Mientras crece la incertidumbre puertas adentro del organismo, el Gobierno nacional retoma con fuerza un plan de reestructuración profunda que incluye reducción de personal, cierre de centros regionales, eliminación de programas históricos y la venta de miles de hectáreas de campos experimentales.
Según la documentación que comenzó a circular en la previa a una nueva reunión del Consejo Directivo, el Ejecutivo busca que ese ámbito avale una hoja de ruta que apunta a redimensionar drásticamente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de cara a 2026. Ni el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, ni la Dirección Nacional brindaron precisiones públicas a los trabajadores sobre su futuro inmediato, pese a haber sido consultados.
Un ajuste que no se detiene
Tras el revés legislativo y distintas medidas judiciales, el oficialismo vuelve a la carga con una agenda que mantiene intactos sus objetivos: achicar una planta de personal que hoy ronda los 5.800 empleados, reducir la estructura territorial y avanzar con la venta de tierras pertenecientes al patrimonio del organismo.
El plan también redefine el perfil institucional del INTA, orientando sus líneas de trabajo casi exclusivamente al llamado “agronegocio”, con foco en la producción extensiva, y dejando fuera de agenda a amplios sectores de la agricultura familiar y de pequeña escala.
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Cambios en la conducción y pérdida de peso regional
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la “modificación de la estructura organizativa”. La iniciativa impulsa abandonar el actual esquema colegiado y matricial para avanzar hacia un modelo jerárquico más concentrado, con mayor dependencia del poder político de turno.
En ese marco, se plantea reducir de 15 a solo 4 los Centros Regionales —NOA, NEA, Centro y Sur—, lo que limitaría la capacidad de incidencia territorial y la participación del sector privado en la definición de agendas de investigación adaptadas a cada región.
Retiro voluntario y pase a disponibilidad
En materia laboral, el documento ratifica la puesta en marcha de un nuevo programa de Retiro Voluntario, con incentivos de hasta 1,1 salarios por año trabajado, a pagar en una o dos cuotas. Paralelamente, se anticipa el pase a disponibilidad del personal que quede comprendido en las áreas que serían cerradas o fusionadas.
Si bien no se detalla una cifra definitiva, estimaciones previas del propio Bronzovich hablan de una reducción de entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo por distintos mecanismos.
Venta de tierras y cierre de estructuras
Otro punto sensible es la venta de aproximadamente 42.000 hectáreas de campos del INTA. El relevamiento oficial indica que unas 17.000 hectáreas estarían en desuso y otras 25.000, actualmente en funcionamiento, podrían ser desafectadas. La propuesta es transferirlas a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior venta.
El temario también incluye decisiones de fuerte impacto institucional, como:
Eliminación de 293 Agencias de Extensión Rural.
Cierre del CIPAF y del Centro de Investigación de Agroindustria.
Fusión y eliminación de centros de investigación considerados “superpuestos”.
Reducción drástica de estaciones experimentales.
Disolución o transferencia de ArgenINTA e INTEA.
Eliminación del sistema de cooperadoras y de la producción convencional en campos experimentales.
Menos programas y foco productivo
La reestructuración también alcanza a la agenda científica. De los 134 Programas Nacionales vigentes, el objetivo es reducirlos primero a 91 y luego a cerca de 50, concentrando los recursos en unas 25 líneas de investigación consideradas estratégicas para la agroindustria.
En ese proceso se propone eliminar programas vinculados a agricultura familiar, estudios territoriales, iniciativas del AMBA y otros considerados de “bajo impacto productivo”.
Debate abierto y fuerte malestar
Desde sectores internos y externos al organismo advierten que el problema no es la discusión sobre la modernización del INTA, sino la forma en que se impulsa el ajuste. El hermetismo oficial y la falta de diálogo con trabajadores, investigadores y productores profundizan el malestar.
“El ajuste no es malo en sí mismo; lo grave es avanzar a espaldas de los actores involucrados”, sintetizan voces críticas, en un contexto donde el INTA se encamina a cumplir 70 años con un debate estructural aún abierto y cargado de tensión.
