Después de emitir señales confusas, el gobierno de Alberto Fernández intenta ahora tomar mayor distancia del conflicto que se desató con la familia Etchevehere por la ocupación de la estancia Casa Nueva por parte de integrantes del Proyecto Artigas, el movimiento liderado por Juan Grabois.
“El Gobierno no alentó ese conflicto familiar. Este conflicto lo resuelve la Justicia y la línea del Gobierno es que hay que respetar la resolución judicial que se adopte en el marco de esta disputa privada”, dijo este miércoles a LA NACION un importante portavoz de la Casa Rosada. Cerca del Presidente necesitan que la situación se descomprima lo antes posible.
El pronunciamiento oficial llega a horas de que la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno, resuelva si hace lugar al pedido de desalojo presentado por la familia del exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, quien junto a sus hermanos y su madre denunciaron por usurpación a su hermana Dolores, luego de que ella entregara el campo familiar al Proyecto Artigas.
Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes cercanas al Presidente y al dirigente social, durante el fin de semana Fernández contactó a Grabois para pedirle que colabore en descomprimir la situación y evitar que siga escalando la tensión en Entre Ríos. El referente del MTE es parte del Frente de Todos, pero su alto perfil suele generar coletazos en el Gobierno.
Para cuando el Presidente intervino, la disputa en el campo de los Etchevehere ya había devenido en un conflicto político. El rol que tuvieron dos funcionarias nacionales hizo que la oposición involucrara al Gobierno en el conflicto y puso a Fernández en el centro de la controversia por la toma de tierras y el respeto de la propiedad privada. Hizo ruido justo en el momento en el que el Presidente necesitaba generar confianza en el mundo privado.
Además del pedido de Fernández a Grabois, el Gobierno le encargó a las funcionarias que intervinieron oficialmente en el conflicto que aclararan su accionar. La Casa Rosada se ocupó de coordinar los mensajes que publicaron el lunes en sus cuentas de Twitter.
La titular de la INADI, Victoria Donda -que acompañó el reclamo judicial de Dolores Etchevehere “por violencia económica por cuestiones de género” y la defendió en los canales de televisión- escribió en su red social: “Desde el INADI defendemos todos los derechos, y el de propiedad es uno que debe ser garantizado a todes. Rutinariamente participamos de mediaciones y procesos judiciales, siempre que haya episodios de discriminación, racismo, xenofobia u otras vulneraciones de derechos”.
Gabriela Carpineti, directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia -la funcionaria del riñón de Grabois que pasó una noche en el campo ocupado- le respondió a la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, en Twitter: “Mi actuación como funcionaria en la estancia Casa Nueva fue solicitada por el fiscal en el marco de la causa civil por sucesión. Es la Justicia la que define quiénes participan del proceso”.
El rol de Bordet
Con una línea directa con la Casa Rosada, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, también insistió en los últimos días que el caso de los Etchevehere “es un conflicto familiar”. En las últimas horas, alineado con el Gobierno, dijo que no va a permitir “que se viole el derecho a la propiedad privada que está consagrado en la Constitución nacional y provincial”. “Que los conflictos familiares los arreglen entre las familias en los juicios sucesorios y no involucren al Estado para sacar una tajada”, dijo en un intento por despegarse del conflicto.
Aunque se cruzó con Luis Miguel Etchevehere, Bordet tampoco quiere que escale el conflicto con el campo, porque el reclamo por la propiedad privada caló muy hondo en Entre Ríos. Cerca del gobernador confiaron a LA NACION: “Bordet quiere que la decisión que tome la jueza se respete y acate en un clima de paz”.
Una relación ambivalente
La relación de Grabois con el Gobierno es ambivalente. Reconocido como parte del Frente de Todos, el líder del MTE suele remarcar que “no es funcionario” y desde ese lugar tensiona constantemente. El martes se desarrolló una reunión de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el frente en el que abrevan los movimientos sociales ligados al oficialismo, como la CTEP, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC y el MTE, de Grabois.
Distintos referentes le hicieron saber a Grabois que no lo acompañarán en el conflicto en Entre Ríos, que está solo en esa cruzada. Esa distancia se escenificó en el acto que encabezó Grabois el lunes frente a la sede de La Rural de Palermo, donde no estuvo acompañado por los principales dirigentes de los otros movimientos sociales.
En esa oportunidad, Grabois redobló la apuesta en su pelea contra el exministro de Agricultura; dijo que Etchevehere integra un “clan mafioso y le pidió a la nueva jueza que está a cargo de la causa por la propiedad del predio que “falle conforme a Derecho”. El conflicto tendría un capítulo clave este jueves si la magistrada emite su fallo.
Fuente: lanacion.com | Por: Maia Jastreblansky
