En un arduo trabajo de gestión público-privada, Campo Limpio, entidad que agrupa a los laboratorios que fabrican el 90% de los agroquímicos que se consumen en el país, trabaja en un sistema que cumpla con la ley 27.279 de tratamiento de sus envases. Su implementación avanza superando aspectos técnicos, políticos, económico, financieros, sociales y ambientales para lograr consensos prácticos.
Campo Limpio (CL) es la organización encargada de operar un sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, según lo establecido por la Ley 27.279, sancionada a tal fin, en 2016 y reglamentada a comienzos de 2018, cuando comenzó a implementarse. Está compuesta por 94 fabricantes de productos agroquímicos y fertilizantes, responsable de más del 90% de los envases que se vuelcan al mercado.
La entidad está compuesta por los llamados registrantes -laboratorios elaboradores de estos productos, tal como se los menciona en la ley- que según ella son los propietarios de los envases que los contienen y responsables de su reciclado y/o disposición final.
Campo Limpio (CL) tiene como objetivo reciclar los envases vacíos de fitosanitarios mediante la implementación de un sistema de gestión integral en un articulación público-privada que busca cambiar los hábitos, usos y costumbres de los actores de la cadena del uso de agroquímicos. Están adheridas al sistema de gestión 94 empresas
El sistema de gestión de envases fue presentado a cada una de las provincias, que designan su autoridad competente para aprobarlo. El sistema contempla el desarrollo de centros de almacenamiento transitorios (CAT) de envases vacíos y la implementación de una logística integral, así como la capacitación y concientización de todos los actores de la cadena (productores, distribuidores, técnicos, aplicadores y organismos públicos y privados) y la implementación de un sistema de trazabilidad de los envases vacíos para recuperarlos, reciclarlos, reutilizarlos y revalorizarlos, impulsando la economía circular con el objetivo de lograr un beneficio común para la sociedad.
Ernesto Ambrosetti, director ejecutivo de CL recordó que “hace años que estos temas se vienen trabajando como buenas prácticas (BP) por parte de las empresas y las cámaras como CASAFE y CIAFA. Este sistema se suma a las BP de manera de hacerlo eficaz y eficiente”. Y agrega que la ley 27.279 dice “que los registrantes de fitosanitarios (fabricantes e importadores) son los dueños de los envases y los responsables de generar un sistema de gestión y recuperación, y de impulsar la economía circular para todos los reciclables (envases limpios, objeto de triple lavado por parte de los productores) o de darle disposición final a aquellos que no lo son”. Para que el sistema funcione es clave lograr acuerdos con todos los actores de la cadena (productores, distribuidores, organismos públicos y organizaciones públicas y privadas).
Por su parte, Nieves Pascuzzi, coordinadora general de CL destaca que “en esta oportunidad se unieron las dos cámaras para impulsar la ley y de manera conjunta y crear CL, a través de la cual delegan la implementación del sistema que implica realizar una acción específica, que es montar el sistema en todo el territorio nacional. También aclara que “se trata de una ley de presupuestos mínimos, con lo cual la autoridad provincial puede utilizarla o dictar otra más exigente, que trabaje sobre la base de la ley nacional, pero no es de adhesión como otras leyes”.
Las autoridades de aplicación de la ley son el Ministerio de Agricultura y la Secretaria de Ambiente de la Nación, aunque también intervienen la Secretaría de Salud y el Senasa, particularmente en la instrumentación del sistema de trazabilidad.
A nivel provincial, la autoridad competente puede ser de las áreas de agricultura, producción o ambas en conjunto. CL presentó su sistema de gestión en todas las provincias, de las cuales 17 han designado a su autoridad competente para ponerlo en marcha, aunque aún 4 no lo han hecho: Santiago del Estero, Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
Al respecto, Ambrosetti explica que “CL presentó un borrador del sistema de gestión en cada distrito. En función del relevamiento hecho en cada uno sobre cantidad, producción y estacionalidad de uso en cada provincia se sugiere establecer un CAT en determinadas localidades”.
Se trata de un proceso que requiere de habilitación municipal por cuestiones de impacto ambiental y una coordinación con distribuidores y recicladores, además de poner en marcha centros de capacitación. Para ello puede contarse con la colaboración de agronomías (comercios de venta de fitosanitarios) y también debe coordinarse la gestión logística de los fletes para el transporte de los envases vacíos de los CAT a los centros de reciclado o lugares de disposición final.
La construcción de los CAT y la organización de la logística está a cargo de de CL, siendo este un punto clave. No es lo mismo llevar envases reciclables que han tenido triple lavado (Tipo A, para la ley) con otros a los que no puede aplicárseles este procedimiento (Tipo B) y van a disposición final, previa reducción en hornos pirolíticos para tratamiento de residuos patogénicos. Desde los CAT de CL se buscan los más cercanos para reducir el costo de los fletes, que de por sí son más caros que los convencionales, ya que transportar estos envases, según las provincias, puede considerarse mercadería o residuos peligrosos, razón por la cual fletar un camión con esta carga cuesta unos al menos unos 10.000 dólares.
También los productores juegan un rol: “En la ley, tienen la obligación, una vez que compran los envases pasibles de tratados con triple lavado (el 90% de los que se venden), de hacer esa operación. Y la segunda obligación es llevarlos al CAT más cercano, en el plazo máximo de 1 año, luego de efectuada la compra del producto”, explica Pascuzzi, quien destaca que “quien no cumpla con esta devolución no puede volver a comprar productos”.
A propósito de esto, la ley prevé un sistema de trazabilidad único de todos los productos fitosanitarios que se venden, de manera de hacer un seguimiento de los envases y finalmente saber si se está reciclando todo lo que realmente se vuelca al mercado. Ese sistema aún no está implementado y es la llave para saber cómo funciona el circuito.
En este sentido, Ambrosetti admite que “el sistema se está montando. No existen estadísticas confiables aún a nivel oficial. La trazabilidad es responsabilidad de Secretaría de Ambiente. CL lo tiene desarrollado. El Senasa tiene que brindar el CUIT de cada comprador de fitosanitarios, responsable de devolver la cantidad adquirida. Actualmente las agronomías informan al Senasa los productos que se compran, cosa que se está ampliando a todos los productos. CL tendrá los envases generados en esa venta y hará un seguimiento de esos CUIT para ver si el comprador devuelve al año esos envases”.
CL lo tiene operativo y en prueba, en 15 días estará funcionando en agronomías, y habrá que esperar que” terminen de coordinar Ambiente y Senasa con el sistema, que a fin de año o principio del año próximo debería estar funcionando. CL está relevando y al montar todos los CAT, luego de un año de experiencia, se sabrá cuántos se recolectan por tipo, zona y por año, aunque sí se tiene cuánto se vuelca al mercado por año, porque las empresas asociadas a CL aportan económicamente al sistema en función de la cantidad de envases que venden. Así se sabe cuándo hay que recuperar, pero no se sabe cuándo se viene recuperando hasta ahora”. En síntesis, se trata de un círculo en formación que busca cerrar sus puntas en busca de lograr resultados tangibles de la tan mentada y necesaria economía circular.
Por: Gastón Guido
