Crean un Consejo de Seguridad Rural para frenar robos de hacienda, silobolsas y maquinaria

La provincia busca mejorar la prevención y la respuesta al delito en el campo con coordinación entre policías, Justicia y entidades rurales.

La inseguridad en el campo dejó de ser un problema aislado y pasó a convertirse en una preocupación permanente para el interior productivo de Córdoba. Robos de ganado, roturas de silobolsas, sustracción de maquinaria y usurpaciones se repiten en distintas zonas y generan pérdidas económicas directas, además de un fuerte impacto en la tranquilidad de los productores.

Frente a este escenario, el gobierno de Córdoba decidió avanzar con una medida concreta: la creación del Consejo de Seguridad Rural Provincial, un espacio de trabajo permanente que apunta a ordenar la prevención y mejorar la respuesta ante delitos en áreas rurales.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Bioagroindustria y el Ministerio de Seguridad, con la participación de fuerzas policiales, el Poder Judicial, municipios y entidades del sector agropecuario. El objetivo es simple pero clave: que la información circule más rápido, se unifiquen criterios de actuación y se diseñen estrategias adaptadas a cada región productiva.


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Uno de los focos principales estará puesto en zonas rurales extensas, con caminos secundarios y baja presencia estatal, donde los tiempos de respuesta suelen ser mayores. La apuesta oficial es que la coordinación entre actores permita anticipar delitos y actuar con mayor rapidez cuando ocurren.

El Consejo funcionará como una mesa de planificación y acción conjunta frente a problemáticas como abigeato, robos de insumos, daños a infraestructura productiva y otros hechos que impactan directamente en la rentabilidad agropecuaria. También se prevé avanzar en protocolos comunes y sistemas de alerta temprana para intervenir antes de que los hechos escalen.

La creación de este ámbito responde a un reclamo histórico de las entidades rurales cordobesas, que desde hace años vienen pidiendo políticas específicas para la seguridad en el campo. En la provincia sostienen que garantizar condiciones de seguridad es clave no solo para producir, sino también para sostener el arraigo y la inversión en el interior.

El desafío ahora será que el nuevo esquema logre resultados concretos en un contexto donde el delito rural ya se convirtió en un factor que influye directamente en los costos, las decisiones productivas y la vida cotidiana de las comunidades agropecuarias.

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