El proceso ya comenzó en Pergamino y tendrá más de 100 testigos; el caso puede marcar un precedente clave sobre aplicaciones periurbanas.
El debate judicial que sigue de cerca todo el sector agropecuario ya está en marcha. Siete productores fueron llevados a juicio oral acusados de aplicar fitosanitarios en campos cercanos a zonas urbanas de Pergamino, provincia de Buenos Aires, un caso que podría tener impacto directo en las reglas de producción cerca de áreas pobladas.
La Fiscalía Federal sostiene que las aplicaciones habrían generado contaminación ambiental, mientras que las defensas rechazaron los cargos y cuestionaron la competencia del tribunal.
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Qué se juzga y por qué importa al campo
El fiscal Federico Reynares imputó a los productores como presuntos coautores de un delito contemplado en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que prevé penas de 3 a 10 años de prisión para quien contamine de manera peligrosa el ambiente, el agua o el suelo.
El expediente también incluye a dos funcionarios vinculados al área de Ambiente Rural del municipio.
El campo investigado está ubicado sobre la Ruta Nacional 188, en el kilómetro 69, y los hechos analizados se remontan a denuncias iniciadas después de 2014, con episodios puntuales entre enero de 2018 y enero de 2019.
Para el sector, el caso vuelve a poner en el centro del debate un tema sensible: las distancias de aplicación y la convivencia entre producción y expansión urbana.
Más de 100 testigos y un proceso que recién empieza
El juicio oral ya tuvo su apertura y continuará con nuevas audiencias en las que se espera la participación de más de un centenar de testigos.
En las próximas jornadas declararán querellantes y efectivos policiales que participaron de la investigación.
La fiscalía sostiene que los productores habrían realizado aplicaciones pese a la vigencia de la ordenanza municipal 8126/14, que prohíbe fumigar a menos de 100 metros de la zona periurbana, sin importar el producto o la dosis.
Qué sustancias detectaron
Según la acusación, se hallaron residuos de agroquímicos en barrios como La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia.
El informe menciona la detección de 45 plaguicidas, con predominio de atrazina, glifosato y AMPA, clorpirifos, acetoclor, metolaclor y triticonazol, entre otros. En muestras de agua también se identificaron 18 compuestos, varios coincidentes con los encontrados en suelo.
La hipótesis oficial es que estas sustancias habrían afectado el ambiente de las zonas residenciales cercanas.
Un caso que puede marcar jurisprudencia
Más allá del resultado, el proceso es seguido con atención por productores, asesores y municipios, ya que podría influir en futuras regulaciones y controles sobre fitosanitarios.
El trasfondo es un escenario cada vez más frecuente: ciudades que avanzan sobre áreas productivas y elevan la presión sobre los sistemas de aplicación.
La resolución judicial podría redefinir límites operativos y aumentar la necesidad de respaldo técnico, trazabilidad y cumplimiento normativo en los establecimientos.
