La Federación de Acopiadores encendió las alarmas tras detectar que empresas exportadoras exigirían datos sensibles de productores como condición para adquirir soja. Advierten que la práctica vulneraría la confidencialidad comercial y podría derivar en acciones judiciales.
La Federación de Acopiadores de Granos lanzó una dura advertencia frente a lo que considera una avanzada preocupante por parte de un grupo de exportadoras multinacionales. Según la entidad, estas compañías estarían intentando imponer nuevas condiciones a acopios y cooperativas, obligándolos a revelar información estratégica de sus productores para concretar operaciones de soja.
De acuerdo con los reportes recibidos por operadores del sector, el requerimiento incluiría datos como cantidad de hectáreas, identificación de los establecimientos, ubicación de los campos y el RENSPA de cada productor. Incluso, quienes venden de manera directa también deberían aportar información considerada confidencial y ajena a las transacciones específicas.
Desde la organización que representa a los acopiadores remarcaron que el mercado granario argentino ha atravesado múltiples debates regulatorios, pero nunca se había planteado una exigencia de este tipo. “Se estaría vulnerando un principio básico: la protección de los datos comerciales de los clientes”, señalaron.
La Federación fue aún más contundente al cuestionar la legitimidad del planteo. “La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para colocarse en un rol de control sobre los productores”, afirmaron, y advirtieron que detrás de esta iniciativa podría existir un intento de concentrar el negocio y desplazar progresivamente a acopios y cooperativas.
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En su análisis, la entidad calificó la maniobra como técnicamente inviable, ofensiva e innecesaria. Argumentan que resulta impracticable vincular cada carga de granos con un productor puntual una vez que la mercadería sale de una planta. Además, sostienen que ya existen herramientas confiables para garantizar trazabilidad ambiental —como el sistema VISEC— que resguardan el secreto comercial mediante procesos de encriptación.
El aspecto legal también genera preocupación. Según los acopiadores, la exigencia podría contradecir la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial. Incluso recordaron que plataformas oficiales como SIO-Granos preservan la confidencialidad, por lo que cualquier requerimiento adicional excedería el marco normativo vigente.
La entidad también puso en duda la justificación ambiental que, aseguran, esgrimen las exportadoras a través de un supuesto “road map climático”. Para la Federación, resulta contradictorio impulsar un esquema paralelo cuando el propio sector participa de sistemas diseñados para equilibrar trazabilidad y privacidad.
Ante este escenario, no descartan avanzar con medidas legales si la práctica se consolida, al considerar que podría encuadrarse dentro de conductas sancionables por la normativa comercial. Al mismo tiempo, iniciaron contactos con organizaciones de productores y corredores para coordinar una estrategia común.
“La comercialización de granos en la Argentina se apoya en la competencia leal, reglas claras y respeto por la confidencialidad. Cualquier intento de concentración abusiva será enfrentado institucionalmente”, concluyeron desde la Federación.
