Con apoyo de imágenes satelitales y mayor poder para los municipios, Buenos Aires busca frenar obras ilegales que agravan inundaciones y afectan al campo.
La provincia de Buenos Aires decidió endurecer su estrategia contra los canales y terraplenes clandestinos, una problemática estructural que volvió a quedar en evidencia tras las inundaciones de 2025. A través de una nueva resolución firmada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, se puso en marcha un procedimiento integral que combina tecnología satelital, fiscalización remota y mayor protagonismo de los municipios.
El nuevo esquema apunta a detectar, denunciar y desactivar obras hidráulicas no autorizadas que alteran el escurrimiento natural del agua, desvían caudales y terminan impactando de lleno en campos productivos y zonas rurales.
Tecnología satelital para identificar obras ilegales
La herramienta fue desarrollada en conjunto por la Autoridad del Agua (ADA) y la Dirección Provincial de Hidráulica, y representa un cambio de paradigma en la forma de controlar el uso del recurso hídrico. A partir de ahora, el monitoreo se apoyará en imágenes de alta resolución de satélites como SPOT, PerúSat, Landsat y Sentinel, lo que permitirá detectar movimientos de suelo, canales o terraplenes sin necesidad de inspecciones presenciales iniciales.
Además, la ADA firmó un convenio con ARBA para intercambiar información catastral y avanzar en un sistema de fiscalización remota que identifique inmuebles donde se esté haciendo un uso ilegítimo del agua.
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Más poder para los municipios
Uno de los ejes centrales del nuevo procedimiento es el fortalecimiento del rol de los gobiernos locales. A partir de convenios firmados con 26 municipios —entre ellos Mercedes, Bragado, Lincoln, Trenque Lauquen, Bolívar, Chivilcoy y San Pedro—, los distritos no solo podrán denunciar obras clandestinas, sino también intervenir directamente con aval judicial para su desactivación.
Si bien la normativa rige para los 135 municipios bonaerenses, aquellos que firmaron acuerdos con la ADA contarán con mayor capacidad operativa inmediata, incluyendo notificaciones, seguimiento técnico y articulación directa con los organismos provinciales.
Multas millonarias y desactivación obligatoria
La Resolución N° 46/2026 deroga normas vigentes desde principios de los 2000 y actualiza el régimen de sanciones. A partir de ahora, las multas por obras hidráulicas ilegales oscilan entre 30.000 y 120.000 litros de gasoil grado 3, lo que equivale hoy a montos que van desde 57 millones hasta casi 290 millones de pesos.
Cuando la ADA confirma una infracción, se aplica la sanción prevista en el Código de Aguas provincial y se evalúa si la obra afecta al sistema hidráulico general. Si se determina que sí, el propietario es intimado a desactivarla. En caso de incumplimiento, la Provincia puede avanzar directamente con la eliminación de la obra, a costa del infractor, sin necesidad de nuevas instancias judiciales.
Una respuesta a un reclamo histórico del campo
El endurecimiento del control responde a un reclamo persistente de productores e intendentes, especialmente en zonas donde los desvíos ilegales provocan anegamientos recurrentes, pérdidas productivas y conflictos entre vecinos.
La decisión se da en un contexto marcado por las inundaciones extraordinarias de 2025, que afectaron miles de hectáreas, destruyeron caminos rurales y dejaron a numerosos productores sin posibilidad de cosechar. En ese escenario, los canales clandestinos quedaron en el centro del debate como uno de los factores que amplifican el impacto de las lluvias.
Con esta nueva herramienta, la Provincia busca modernizar el sistema de control hídrico, cerrar una brecha histórica en la fiscalización y avanzar sobre una problemática que combina ambiente, producción y ordenamiento territorial. El mensaje es claro: el uso del agua deja de ser un área gris y pasa a estar bajo vigilancia tecnológica permanente.
