Cobros por tránsito, introducción de mercadería y ventas sin servicios reales se multiplican en los municipios y llegan a superar los $28 por litro. Un entramado silencioso que erosiona la rentabilidad y la competitividad del sector lácteo.
El costo que no figura en la góndola
En la ecuación diaria de la lechería argentina hay un componente que rara vez aparece en el centro del debate, pero que incide de lleno en los números: las tasas municipales. Cobros por circular, ingresar productos o concretar ventas que, en muchos casos, no están asociados a servicios efectivos y terminan convirtiéndose en un lastre para productores e industrias.
A diferencia de los impuestos nacionales o provinciales, estos tributos locales se caracterizan por su heterogeneidad y discrecionalidad. El resultado es un mapa fiscal fragmentado, donde el mismo litro de leche puede cargar costos muy distintos según el municipio por el que transite.
Un sistema desordenado que castiga la eficiencia
En un contexto de inflación persistente, suba de insumos y márgenes ajustados, la lechería busca ganar productividad para seguir en pie. Sin embargo, el esquema de tasas locales opera en sentido contrario: agrega costos sin previsibilidad ni reglas claras.
Los municipios aplican estos cobros bajo múltiples figuras —tránsito, estacionamiento, introducción de mercadería, control sanitario o derechos comerciales— sin que exista una relación directa entre lo que se paga y lo que se recibe. En muchos distritos, la tasa funciona más como un impuesto encubierto que como una contraprestación concreta.
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Santa Fe: pagar por circular
Un caso paradigmático se da en la comuna santafesina de Colonia Raquel, donde los camiones que transportan leche cruda afrontan un doble cargo: uno por estacionamiento y otro por circulación dentro del ejido urbano.
La particularidad es que este último se calcula por kilómetro recorrido y equivale a 1,5 litros de gasoil por kilómetro, transformando cada viaje en un nuevo costo fiscal diario.
Desde el sector advierten que el problema no es la facultad municipal para cobrar tasas, sino su uso como herramienta recaudatoria sin correlato en mejoras de caminos rurales, infraestructura o controles sanitarios visibles.
Tasas de introducción: controles que no aparecen
Otro foco de conflicto son las llamadas Tasas de Introducción o Abasto, aplicadas en numerosos municipios para permitir el ingreso de productos como leche, carne o frutas. El argumento formal suele ser la realización de controles bromatológicos.
Sin embargo, en la práctica, muchos productores e industrias aseguran que esos controles no existen o se realizan de manera esporádica. Los esquemas de cobro varían ampliamente: por litro, por kilo, por carga o mediante montos fijos semanales. En algunos distritos, el impacto supera los $28 por litro, golpeando con más fuerza a quienes trabajan con grandes volúmenes.
Vender sin estar: el problema del DREI
A esto se suma la aplicación del Derecho de Registro e Inspección (DREI) en municipios donde las empresas no tienen oficinas ni establecimientos, pero sí realizan ventas.
Localidades de provincias como Misiones y Córdoba aplican alícuotas de entre 0,6% y 1% sobre operaciones comerciales, aun cuando no exista presencia física ni servicios asociados.
Esta modalidad genera situaciones de doble imposición y una carga distorsiva para firmas que operan en múltiples jurisdicciones, acumulando pagos sin recibir beneficios concretos.
Un mosaico fiscal desigual
Un relevamiento sectorial sobre tributos municipales en 2025 expone una brecha difícil de justificar: tasas que pueden quintuplicarse entre municipios vecinos, sin diferencias en la calidad de los servicios.
En algunos casos, las industrias lácteas terminan pagando varios millones de pesos anuales solo en tasas locales, dependiendo de la zona y el volumen procesado.
Este escenario introduce una competencia desigual entre productores, favoreciendo a quienes operan en distritos con menor presión tributaria y penalizando a los que quedan atrapados en esquemas más gravosos.
Reclamos por reglas claras
Con altos costos logísticos, presión fiscal nacional y problemas de infraestructura, la lechería suma un nuevo frente de preocupación. Las entidades del agro y la industria no reclaman eliminar la autonomía municipal, sino avanzar hacia criterios comunes de razonabilidad, transparencia y proporcionalidad.
La consigna es simple: pagar por servicios reales y medibles. Mientras eso no ocurra, las tasas municipales seguirán drenando rentabilidad, frenando inversiones y condicionando el crecimiento del sector.
Un costo que no se ve en la góndola, pero que termina impactando en toda la cadena, desde el tambo hasta el consumidor final.
