Tras la decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo Mercosur–Unión Europea a la Justicia, crecen las dudas sobre los plazos. Un informe de la Fundación Barbechando detalla el escenario actual y las claves que mantienen abierta la posibilidad de su aplicación comercial.
A solo una semana de la firma del Acuerdo Mercosur–Unión Europea en Asunción, el clima político pasó del entusiasmo inicial a un escenario de incertidumbre institucional. Las idas y vueltas en Bruselas y la decisión del Parlamento Europeo de judicializar el proceso reconfiguraron el calendario y encendieron alertas sobre su implementación efectiva.
En este contexto, la Fundación Barbechando difundió un análisis técnico con nueve claves para entender qué está ocurriendo, cuáles son los verdaderos obstáculos y por qué el acuerdo aún no está descartado.
Un acuerdo cerrado, pero con freno judicial
Según el informe, el tratado se encuentra cerrado desde el punto de vista técnico y comercial y ya superó una instancia política determinante dentro de la Unión Europea: la aprobación por mayoría calificada del Consejo Europeo, integrado por los 27 jefes de Estado o de Gobierno del bloque.
En esa votación, solo Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda se manifestaron en contra, Bélgica se abstuvo y el resto de los países dio su respaldo, con Alemania, España e Italia como principales impulsores.
Con ese aval, el acuerdo fue elevado al Parlamento Europeo para su consentimiento final. Desde la óptica institucional europea, y en la medida en que se limite al pilar comercial, no sería necesaria la ratificación de los parlamentos nacionales, ya que se trata de una competencia exclusiva de la UE.
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El punto crítico: ¿acuerdo comercial o mixto?
Barbechando advierte que el conflicto aparece si el tratado incorpora disposiciones que excedan lo estrictamente comercial. En ese caso, podría ser considerado un acuerdo mixto, lo que obligaría a la ratificación de los congresos nacionales de cada Estado miembro, un proceso largo y políticamente sensible.
Este debate fue el que motivó el giro institucional más relevante: el Parlamento Europeo decidió consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si la base jurídica del acuerdo es correcta y si respeta la delimitación de competencias entre la UE y los Estados.
“La judicialización paraliza el trámite parlamentario hasta que el Tribunal emita su dictamen”, señala el informe. Este tipo de pronunciamientos suele demorar entre 18 y 24 meses, trasladando la discusión del plano político al jurídico-institucional.
¿Hay margen para una aplicación provisoria?
Pese al freno judicial, el análisis destaca un punto clave que mantiene expectativas: la posibilidad de una aplicación provisoria del acuerdo comercial.
Tanto la Comisión Europea como el Consejo dejaron abierta la puerta para que el pilar comercial del tratado pueda comenzar a aplicarse de manera transitoria, al menos con aquellos países del Mercosur que completen sus procesos de ratificación interna.
Este mecanismo permitiría avanzar con los compromisos comerciales sin esperar la resolución total del proceso en Europa. Sin embargo, su viabilidad dependerá del alcance del dictamen del TJUE y de las decisiones políticas que adopten las instituciones comunitarias una vez conocido el fallo.
Un escenario abierto, con impacto estratégico
Para la Fundación Barbechando, el acuerdo Mercosur–UE no está caído, pero sí enfrenta un escenario más complejo y prolongado de lo previsto. Mientras el contenido comercial ya cuenta con respaldo político, el factor judicial introduce demoras que obligan a repensar plazos y estrategias.
En definitiva, el futuro del acuerdo se juega entre la interpretación legal en Europa y la voluntad política de avanzar con una aplicación provisoria que mantenga vivo uno de los tratados comerciales más relevantes para el Mercosur y, en particular, para el agro argentino.
