El acuerdo UE–Mercosur queda en suspenso: el Parlamento Europeo lo envía a la Justicia y frena su ratificación
A solo cuatro días de su firma en Paraguay, la Eurocámara decidió remitir el acuerdo UE–Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El dictamen podría demorar hasta dos años y mantiene en pausa un pacto clave, en medio de tensiones políticas, reclamos del agro europeo y un escenario global cada vez más incierto.
El camino del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sumó un nuevo y decisivo capítulo. El Parlamento Europeo resolvió enviar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe si su contenido y su estructura jurídica se ajustan a los tratados comunitarios. En los hechos, la decisión congela el proceso de ratificación y abre la puerta a una demora que podría extenderse entre 18 y 24 meses.
La votación se produjo este miércoles 21 de enero y reflejó la fuerte división interna en la Eurocámara: la moción fue aprobada por un margen mínimo, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Otra iniciativa similar, impulsada por sectores de ultraderecha, no prosperó. El debate llegó apenas cuatro días después de la firma formal del acuerdo, realizada el sábado 17 de enero en Asunción, tras más de 26 años de negociaciones.
Un freno en plena carrera por la ratificación
Tras la firma, la Comisión Europea había puesto en marcha un esquema jurídico que buscaba acelerar la entrada en vigor de la parte estrictamente comercial del acuerdo. Al tratarse de una competencia exclusiva de la UE, ese capítulo solo requiere el aval del Parlamento Europeo para aplicarse de manera provisional, sin pasar por los parlamentos nacionales.
Sin embargo, la remisión al TJUE altera ese calendario. La Eurocámara decidió esperar el pronunciamiento del tribunal antes de avanzar con la votación final, aunque el análisis técnico del texto continuará en paralelo. El acuerdo de asociación completo —que incluye componentes políticos y de cooperación— enfrenta un trámite aún más complejo, ya que debe ser ratificado por los 27 Estados miembros de la UE y por los países del Mercosur.
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Las dudas que llegan a Luxemburgo
El Tribunal de Justicia deberá pronunciarse sobre dos ejes centrales: la base legal utilizada para dividir el acuerdo en un tramo comercial y otro político, y el llamado “mecanismo de reequilibrio”. Este último permite que los países del Mercosur cuestionen normas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones, un punto que despierta recelos entre eurodiputados por una posible afectación a la autonomía regulatoria de la Unión.
Aunque la Comisión Europea sostiene que estas objeciones ya fueron respondidas en profundidad, el Parlamento optó por trasladar el debate al máximo órgano judicial comunitario. Desde el TJUE advierten que este tipo de dictámenes suelen demorar hasta dos años, aunque el tribunal aclara que puede acelerar los tiempos si las circunstancias lo ameritan.
Presión política y clima de tensión
La decisión se da en un contexto internacional cargado. Algunos legisladores habían alertado sobre el riesgo de frenar el acuerdo en momentos en que Europa enfrenta amenazas arancelarias de Estados Unidos y busca reforzar alianzas comerciales estratégicas. Para otros, en cambio, el envío al TJUE es una señal política necesaria.
Desde los sectores críticos, la resolución fue celebrada como un triunfo parcial. Organizaciones de agricultores y eurodiputados de izquierda y de los Verdes destacaron que la votación refleja el malestar del agro europeo, que viene manifestándose contra el acuerdo por su impacto productivo, ambiental y sanitario. “Es una pequeña victoria y demuestra que la movilización funciona”, señalaron desde organizaciones rurales, que confirmaron que mantendrán el calendario de protestas.
En la vereda opuesta, referentes del Partido Popular Europeo calificaron la maniobra como un intento político de bloquear un tratado que consideran clave para la economía del bloque. La Comisión Europea, por su parte, lamentó el paso dado por el Parlamento y reiteró que el acuerdo podría aportar un impulso al PBI europeo superior al impacto negativo de eventuales aranceles externos.
Un acuerdo clave, ahora en pausa
Mientras el Tribunal de Justicia analiza el caso, el acuerdo UE–Mercosur queda en un limbo jurídico y político. Aunque existe la posibilidad de avanzar con una aplicación provisional del capítulo comercial si algún país del Mercosur completa su proceso interno, el futuro del pacto dependerá, en gran medida, del dictamen que llegue desde Luxemburgo.
Por ahora, el tratado que prometía redefinir las relaciones comerciales entre ambos bloques quedó en pausa, atrapado entre la urgencia geopolítica, la presión de los sectores productivos y un debate legal que podría extenderse mucho más de lo previsto.
