INTA e INV, en pausa: los organismos clave del agro siguen en “stand by” pese al intento de reforma
Dos de los organismos públicos más relevantes para el desarrollo del agro argentino atraviesan un escenario de fuerte incertidumbre. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) siguen bajo la lupa del Gobierno nacional, que busca avanzar con su reestructuración, aunque los cambios impulsados permanecen frenados por resistencias internas, cuestionamientos del propio sector privado y definiciones judiciales pendientes.
El punto de partida fue en julio de este año, cuando el entonces vocero presidencial —y actual jefe de Gabinete— Manuel Adorni calificó a ambos organismos como “ineficientes” al anunciar un mega decreto que proponía avanzar con la desregulación del INTA, el INV y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). En ese contexto, Adorni apuntó especialmente contra el INTA, al sostener que se había desviado de su rol histórico y que había sido utilizado con fines de militancia política, bajo lineamientos ajenos a las necesidades del sector agroindustrial.
Sin embargo, la llamada “motosierra” encontró límites. En el caso del INTA, el intento de avanzar con una reforma profunda no logró concretarse. Desde hace más de un año, el Gobierno intenta aplicar recortes y cambios estructurales, pero se topó no solo con la resistencia de los trabajadores del organismo, sino también con el rechazo de buena parte del arco agropecuario.
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El eje central del conflicto fue la intención de eliminar el histórico Consejo Directivo autárquico —vigente desde la creación del INTA en 1956— para convertirlo en un organismo dependiente directamente del Poder Ejecutivo. Ese cambio fue incluido en el mega decreto, pero terminó siendo rechazado en dos oportunidades por el Congreso y luego suspendido por una decisión judicial. Como consecuencia, el Gobierno debió retroceder y rearmar el Consejo, con la expectativa de avanzar ahora en eventuales recortes por una vía más consensuada.
Aun así, la situación permanece estancada. El Consejo Directivo volvió a reunirse recién la semana pasada y, por el momento, no hay definiciones concretas. El INTA continúa funcionando, pero sin certezas sobre su rumbo inmediato.
En el INV, el impacto no llegó tanto por el mega decreto —que también quedó sin efecto— sino por una resolución posterior que eliminó 973 normas. La medida tuvo inicialmente una buena recepción en parte de la industria vitivinícola y en los gobiernos provinciales de Mendoza y San Juan, aunque rápidamente surgieron cuestionamientos.
El foco de la polémica está puesto en dos herramientas consideradas clave para la trazabilidad del vino argentino: el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración. La resolución establecía que, a partir de 2026, ambos pasarían a ser optativos. Frente a esto, diversas entidades del sector presentaron un recurso de amparo que fue aceptado por la Justicia, lo que mantiene suspendido el cambio hasta que se dicte una resolución definitiva.
Actualmente, el INV deberá fundamentar su postura ante la Justicia, que luego deberá definir si esos instrumentos continúan siendo obligatorios. Desde la industria confían en un fallo favorable. Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), sostuvo que mantener estas exigencias es clave para preservar la reputación de los vinos argentinos en los mercados internacionales.
“Son herramientas fundamentales para garantizar la trazabilidad del proceso productivo. No generan costos ni burocracia adicional y cuentan con el respaldo de todo el sector”, afirmó el dirigente.
Así, al igual que ocurre con el INTA, el intento de aplicar la “motosierra” sobre la vitivinicultura argentina sigue inconcluso. En ambos casos, el desenlace permanece atado a decisiones políticas y judiciales que, a fines de 2025, todavía no tienen definición.
