Tensión en el campo: Provincia rebate a CARBAP y justifica la actualización del inmobiliario rural
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, salió a responder con dureza a CARBAP luego de que la entidad rural cuestionara el proyecto de ley impositiva 2026 y acusara a la Provincia de “más cargos, más estructuras y más gasto político”.
El conflicto vuelve a tensar una relación históricamente compleja, con antecedentes en disputas por el Impuesto Inmobiliario Rural y decisiones en el Puerto de Quequén. Para CARBAP, liderada por Ignacio Kovarsky, el Presupuesto 2026 “prioriza beneficios partidarios por encima de la austeridad y el equilibrio fiscal”, y denuncia que el Gobierno provincial no avanza en un plan de racionalización del Estado.
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La respuesta de la Provincia
Tras participar del tradicional cóctel anual de las cadenas de granos en la Bolsa de Cereales, Rodríguez defendió la iniciativa oficial en diálogo con Infocampo.
Aseguró que el proyecto contempla una actualización del Impuesto Inmobiliario Rural “por debajo de la inflación”, la eliminación de la quinta cuota y la continuidad de las bonificaciones. También señaló que la Provincia debe equilibrar recursos para financiar seguridad, educación, salud e infraestructura, aunque insistió en “acompañar al sector productivo”.
El balance productivo: clima salvador y agroindustria golpeada
Rodríguez hizo un repaso de 2025 y destacó que la campaña estuvo marcada tanto por inundaciones —que continúan afectando zonas productivas— como por condiciones climáticas que terminaron fortaleciendo rindes y salvando la rentabilidad.
El ministro advirtió sobre un “esquema macroeconómico muy hostil” y alertó por cierres en la agroindustria: frigoríficos paralizados en Bahía Blanca y Tres Arroyos, lácteas que bajaron persianas en Lincoln y Suipacha, y hasta la reciente salida de Whirpool con 300 despidos.
“El balance productivo es claramente negativo”, afirmó.
Chispazos con Nación y reclamos por obras
Rodríguez también cuestionó la falta de convocatorias del Gobierno nacional al Consejo Federal Agropecuario, que —según dijo— tuvo solo una reunión en un año.
En ese ámbito planteó su rechazo al cierre del INTA AMBA, advirtió que los créditos UVA excluyen a pequeños productores y reclamó por la paralización de las obras del río Salado y el deterioro de rutas nacionales.
