Imputan a ocho sindicalistas de ATILRA por bloqueos y amenazas contra Lácteos Vidal
Ocho dirigentes del gremio lechero ATILRA fueron imputados por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26 de la Ciudad de Buenos Aires por los delitos de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga. La causa, a cargo del fiscal Luis Aranudo, involucra a miembros del sindicato que protagonizaron un prolongado bloqueo a la pyme Lácteos Vidal en 2022.
La empresa, propiedad de Alejandra Bada Vázquez, fue bloqueada durante casi dos meses por negarse a recategorizar empleados, según denunció. Los hechos ocurrieron en las plantas de la firma en Moctezuma (Carlos Casares, Buenos Aires) y en Villa Devoto (CABA), y provocaron pérdidas millonarias.
Entre los imputados se encuentran Heber Ríos, referente de la seccional General Rodríguez de ATILRA; Sergio Longo y Gastón Moreno, de la seccional Trenque Lauquen; además de otros cinco dirigentes y delegados del gremio.
Te puede interesar
- Pronóstico de lluvias hasta el 4 de agosto
-
Un sueño hecho realidad: un joven pisa La Rural por primera vez y emociona con su historia
-
Caputo reafirmó que eliminarán las retenciones: “Es una obsesión para este Gobierno”
- “Salarios de hambre, nunca más”: la UATRE salió a las rutas y endurece su reclamo al agro
- Brasil eliminó retenciones y duplicó exportaciones: ¿qué espera Argentina?
-
¿El Niño desapareció? Qué esperar del clima en el trimestre clave para el agro
Según la fiscalía, se trató de una acción coordinada que excedió el marco del derecho a huelga, con el objetivo de forzar a la empresa mediante intimidaciones, impedir el ingreso de insumos y frenar la distribución de productos. El perjuicio económico, calculado a valor de 2022, ronda los $61 millones.
Es la primera vez que la justicia porteña unifica hechos en distintas jurisdicciones (Buenos Aires y CABA) y avanza con esta figura legal contra dirigentes sindicales. Lácteos Vidal evalúa iniciar una demanda por daños y perjuicios, con un reclamo que podría alcanzar los $500 millones.
La causa continúa abierta y no se descarta que se sumen nuevos cargos, incluyendo el de asociación ilícita.