La Coalición Cívica (CC) y Republicanos Unidos (RU), ambos partidos integrantes de Juntos por el Cambio (JxC), pidieron que la Justicia avance contra el Presidente, 3 de sus ministros y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Es por incumplir la sentencia del máximo tribunal judicial de la Nación, que ordena al Gobierno restituir parte de los fondos de la coparticipación federal, que le había quitado a la Ciudad de Buenos Aires.
El legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro, ambos dirigentes de RU, presentaron una denuncia penal contra el Presidente por inclumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece que el Gobierno debe entregar a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables. También realizaron una denuncia penal la líder de la CC, Elisa Carrió, y los diputados nacionales de ese partido.
En la presentación de RU, según informó el diario La Nación, los dirigentes del partido que preside el diputado nacional Ricardo López Murphy cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno anunció que presentará, para lograr la revocación “in extremis” del fallo dictado por el máximo tribunal del país.
Maniobra. En los considerandos de la denuncia manifestaron: “Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Poder Ejecutivo Nacional es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”.
Y agregaron: “Estamos ante planteos manifiestamente improcedentes, con los que se pretende brindar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir la sentencia dictada por nuestro máximo tribunal”. Además, sostienen que el Presidente “pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos”.
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Por su parte, los diputados nacionales de la CC y la fundadora y líder del espacio, Elisa Carrió, plantearon en su denuncia que no es lógico que el Gobierno desconozca y desobedezca el cumplimiento de un fallo adverso a sus pretensiones, dado que aceptaron la competencia e integración de la Corte para intervenir en la controversia entre la Ciudad y la Nación.
Los ministros. En este caso, no solo denunciaron penalmente al Presidente, sino también al ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; al jefe de gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Lo hicieron por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La denuncia considera que “en particular, el accionar desplegado por Capitanich implica instigar de manera pública al alzamiento o desobediencia de una resolución (sentencia) dictada por funcionarios públicos nacionales (Corte Suprema de Justicia de la Nación)”.
Jurisdicción. “Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal, a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, plantearon los referentes de la CC.
Y agregaron: “El Estado Nacional consintió la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir el conflicto y se sometió a dicho trámite judicial, en el cual ejerció su derecho de defensa, en prueba cabal de observancia del debido proceso. Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”, argumentaron.