La Corte Suprema de Justicia anuló la división del bloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado que le otorgó al oficialismo una bancada extra en el Consejo de la Magistratura y denunció la decisión de la vicepresidente, Cristina Kirchner, como un “ardid para violar la ley”.
La medida, dispuesta por la titular del Senado, hace unos meses, fue una jugada política ejecutada a partir de decreto parlamentario firmado por ella, para quitarle un espacio a la oposición en el organismo que define la selección de los jueces federales y nacionales.
En abril de este año, CFK dividió en 2 el bloque oficialista en el Senado para ganarle a Juntos por el Cambio (JxC) una bancada en el nuevo Consejo de la Magistratura que, por decisión de la Corte, pasó de 13 a 20 miembros, logrando así que el Gobierno ostentara en la Cámara Alta tanto la mayoría como la segunda minoría.
Fue en ese momento, donde se crearon 2 espacios políticos oficialistas distintos: Unidad Ciudadana, a cargo de la senadora Juliana Di Tullio, con mayor afinidad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y el Frente Nacional y Popular, bajo la órbita de los gobernadores oficialistas y más cercano al presidente Alberto Fernández.
Tras esta jugada política de la vicepresidente, el Máximo Tribunal de la Nación consideró que “resulta indiscutido que, al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre, y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación, la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el “Frente Pro”.
Asume Juez. De esta forma, la Corte definió que la segunda minoría efectivamente le corresponde al PRO, por lo que el senador Luis Juez, propuesto por la oposición en primer lugar para ocupar el cargo, antes de la forzada división del bloque oficialista, asumirá entonces como el último representante del Senado en el Consejo de la Magistratura.
La definición de la Corte Suprema se dio tras el recurso de amparo presentado por el propio Juez y el senador Humberto Luis Schiavoni, quiénes denunciaron la designación de los senadores del FdT Claudio Martin Doñate y Guillermo Snopek (titular y suplente, respectivamente) como representantes de la segunda minoría parlamentaria para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.

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Los jueces de la Corte Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz admitieron el recurso y calificaron a la jugada realizada por CFK para dividir el Frente de Todos en el Senado y ganar la segunda minoría como un “ardid para violar la ley”.
En tanto, el juez Ricardo Lorenzetti no participó de la decisión dado que, según explicaron desde el Máximo Tribunal, este “se basa en el incumplimiento de la sentencia que restituye la vigencia de la ley 24.937, que el ministro consideró derogada”.
Según los jueces, la estrategia de la vicepresidenta “evidencia que la división referida no obedece a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde”.
Artimaña. “La realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino”, argumenta con dureza el documento firmado por los 3 jueces mencionados.
A principios de 2022, la Corte Suprema resolvió que volviera a regir la antigua conformación del Consejo de la Magistratura, restituyendo la vigencia de la ley 24.937 y estableció un plazo de 120 días para completar la integración del cuerpo con los 7 miembros faltantes, al pasar su conformación de 13 a 20 integrantes.
En este orden, cada una de las cámaras del Congreso debía sumar un representante más en el Consejo, pasando a tener 4 miembros por la Cámara de Diputados y 4 por la de Senadores en vez de los 3 que tenía con la anterior conformación.
Los 4 miembros del Senado y de Diputados se debían distribuir respetando esta premisa: 2 por la mayoría, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría
Hasta la división forzada por CFK del FdeT en el Senado, el oficialismo tenía el bloque más grande con 35 miembros. Lo seguía el del radicalismo, con 18, y el tercero era el PRO, con 9. Con esa conformación, en su momento deberían haberse designado 2 miembros del Consejo por el FdeT, uno por la UCR y otro por el PRO.
Pero, al partirse el bloque oficialista, el FdeT quedó primero y tercero al mantener la mayoría y hacerse también con la segunda minoría. Así, 3 puestos del cuerpo que nombra a los jueces nacionales y federales pasaron a corresponderle al FdT, aunque con otros nombres.
Ante a esta situación, Luis Juez -quién iba a cubrir el puesto correspondiente al PRO- presentó un recurso de amparo para denunciar el “ardid” político con el que el Frente de Todos le quitó su puesto al partido opositor.
Este pedido es el que la Corte respondió de forma positiva, tildando de “indiscutible” el hecho de que “la segunda minoría era el ‘Frente Pro’ y que, aun conociendo esa situación, el Frente de Todos partió su bloque en dos y dispuso integrar cada uno de esos nuevos bloques con el número de senadores necesarios para quedarse con el bloque mayoritario y al mismo tiempo con la segunda minoría, desplazando al bloque ‘Frente Pro’”.