Se trata del amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), que había sido admitido como acción colectiva por el juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro.
Fue la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, la que resolvió hacer lugar al recurso de queja presentado por las abogadas de la AFIP en contra de la resolución de Bustos Fierro, que había rechazado ese recurso, que busca frenar la admisibilidad de la acción colectiva iniciada por ambas entidades rurales, con lo cual existe el riesgo de que la causa sea rechazada.
La AFIP había apeló la legitimidad de la acción colectiva presentada, por entender que ni la SRA ni la SRJM tienen potestad para representar a la totalidad de los productores rurales argentinos afectados por los derechos de exportación, argumento que había rechazado Bustos Fierro.
En febrero último, la SRA y la SRJM presentaron en los tribunales federales de Córdoba, una acción de amparo argumentando que, caídas las facultades delegadas que el Congreso le había otorgado al Poder Ejecutivo, al no aprobarse en el presupuesto 2022, el Gobierno no podía cobrar derechos de exportación ni aumentarlos, como hizo al incrementar la tasa del 31 al 33% a la harina y al aceite de soja, en marzo pasado.
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Oportunidad de la decisión. La ley 16.986 que reglamenta la acción de amparo establece, en su artículo 15, que “sólo serán apelables la sentencia definitiva”, situación que no se da en esta causa. La decisión de la Cámara se produjo el mismo día que el presidente Alberto Fernández reiteró la posibilidad de subir las retenciones ante el aumento de los precios de los alimentos.
En diálogo con la radio porteña de AM La 990, defendió las retenciones como un instrumento para “desacoplar” los precios internos de los externos y pidió un debate a la oposición. El viernes pasado, en otra emisora capitalina, había planteado el tema y horas después, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, desmintió a Fernández con un Tweet, diciendo enfáticamente que se aumentarían los derechos de exportación.
“Yo creo que queremos desacoplar los precios internos de los externos y para eso las retenciones son un instrumento idóneo. Y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”, dijo el presidente Fernández.
Hace una semana, el juez federal Enrique Alonso Regueira, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de la ciudad de Buenos Aires admitió una acción inhibitoria que solicitó la AFIP, buscando que la causa saliera de Córdoba y, además, se declaró competente para entender en ella.
Fundamentó su decisión en que el cuestionamiento de la SRA y SRJM se refieren a decisiones que toman autoridades públicas con sede en la ciudad de Buenos Aires, más allá de tengan efecto en todo el país.
Bustos Fierro no se expidió sobre el pedido de su colega porteño, pero ahora la medida de la Cámara cordobesa haría que la causa cese formalmente en Córdoba, con lo cual el juez, que había admitido el amparo, ya no tendría margen para continuar la causa.
