Así lo manifestó la, en un comunicado, la Sociedad Rural de Neuquén (SRN), expresando su “extrema” preocupación porque “la Justicia actúa como si no se estuviera cometiendo un delito y deja desamparadas a las víctimas”.
La entidad manifestó que los grupos usurpadores se identifican como comunidades indígenas que alegan tener derechos sobre los terrenos que en realidad no tienen. “Los títulos legales en regla corresponden a familias de productores”, sostuvo.
“Nuestra institución ha recogido de parte de productores rurales, socios y no socios, la desazón por el hecho de que, frente a la usurpación de la propiedad familiar, la Justicia neuquina, en lugar de dar curso a la causa penal que corresponde, les impone una mediación con los usurpadores”.
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En este sentido destacaron que “la usurpación es un delito, no un problema de vecinos”, y que la Justicia debe imputar a los responsables y tipificar la infracción, como lo indica el Código Penal. Además, citaron el artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes “gozan del derecho a usar y disponer de su propiedad”.
“Hay familias de productores neuquinos a quienes la Justicia no les reconoce esos derechos constitucionales y las obliga a participar de una mediación y cerrar un acuerdo con las mismas personas que ilegalmente les impiden entrar a su casa y sus lugares de trabajo”, explicaron.
La SRN sostuvo que “la Justicia no solo no cuida, no preserva y no defiende el derecho de propiedad, sino que deja impune la comisión de un delito”. Asimismo, remarcaron que la solución que propone la Justicia es llegar a un acuerdo “forzado”, que luego los usurpadores no cumplen.
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En este contexto, pidieron a los funcionarios judiciales, a los legisladores y al Gobierno neuquinos modificar el tratamiento que tiene la ley ante los casos de toma de tierras, porque dicha problemática no solo afecta a los productores neuquinos sino “al estado de derecho, la seguridad jurídica y la economía”.
