Con los aproximadamente de US$ 400 a 450 M que recaudará, al subir del 31 al 33% los derechos de exportación de la harina y aceite de soja, productos industrializados por el complejo sojero, el Gobierno busca financiar un nuevo fideicomiso que busca bajar 20% el precio del pan. El decreto se publicaría este viernes 18, luego que el INDEC informara ayer que el índice de precios al consumidor (IPC), en febrero, fue de 4,7%. Esa norma sería solo una, dentro de un paquete más grande de medidas antiinflacionarias.
El Gobierno está sumamente preocupado por la espiral inflacionaria que proyecta un IPC de 14% para el primer trimestre. La inquietud oficial tiene además otra razón. En todas las ciudades donde se mide el IPC, el rubro alimentos y bebidas superó el 4,7% de ese índice. Y ese rubro es el que más impacta en la canasta básica, especialmente entre la población más pobre del país, que destina la mayor parte de sus ingresos a comprar comida.
Desde que Rusia invadió Ucrania, en el mercado de Chicago se dispararon los precios de las commodities. El trigo escaló un 50%, el maíz un 20% y la soja un 10%. Este escenario internacional impulsó al Gobierno a cerrar el domingo las exportaciones de harina y aceite de soja. La medida, además de anticipar la quita del diferencial en los derechos de exportación (DEX) de los subproductos del complejo sojero, le da tiempo de ultimar los detalles del nuevo fideicomiso de trigo que subsidiará el precio del pan con la recaudación derivada una la suba de 2% de esas retenciones.
Pese a que los abogados tributaristas y la oposición sostienen que el Poder Ejecutivo no puede subir las retenciones a los subproductos de soja porque el 31 de diciembre vencieron las facultades de la ley de Solidaridad Social 27.541 que se lo permitía, el Gobierno tiene una justificación. El argumento oficial sería que se trata de una medida temporal de suba, como suspensión de la baja de un derecho otorgado en 2020, cuando se estableció el diferencial para los DEX del complejo sojero, que ahora el Gobierno busca suprimir, por razones fiscales, retractándose, respecto de lo que hizo hace 2 años.
Subir impuestos en la Argentina es constitucionalmente una facultad del Congreso, que puede delegarla al Poder Ejecutivo por un lapso determinado. Eso es lo que hacía la ley de Solidaridad que venció a fin de 2021. El proyecto de ley de Presupuesto 2022 extendía estas facultades, pero no fue aprobado, con lo cual no está vigente.
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Con el decreto que se publicaría el viernes, el Gobierno derogará otro, que en 2020 había establecido el diferencial de retenciones entre el poroto de soja (33%) y los subproductos (31%) cuando, en ese entonces, sí el Ejecutivo tenía las facultades que ya no tiene.
“La ley de Solidaridad de fin de 2019 delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de modificar la alícuota de las retenciones a las exportaciones, delegación que caducó en diciembre de 2021. Ahora se necesita autorización del Congreso”, explicó el abogado tributarista Cesar Litvin. Y agregó que “el proyecto de presupuesto 2022 extendía la delegación de facultades, por ende, si este proyecto no se convirtió en ley, las facultades vencieron”.
El Gobierno planea crear un nuevo fideicomiso público con los u$s 450 millones que recaudaría con la suba de retenciones al aceite y la harina de soja, para subsidiar la bolsa de 25 kg de harina, de manera que los molinos la vendan a un precio inferior al de mercado. Así, las panaderías que accedan a la bolsa de harina subsidiada se comprometerán con el Gobierno a vender el kg de pan a precios populares. Sería de $240, el que tenía antes del comienzo de la guerra en Ucrania, en vez de los $300 actuales.
