Escándalo en Osprera: investigan un contrato por $800 millones con una firma fantasma ligada a un empleado de pizzería
La Justicia avanza sobre una maniobra que compromete a exgerentes y contratistas de la obra social rural
La trama de presuntas irregularidades en Osprera, la obra social de los trabajadores rurales, suma un nuevo capítulo. La Justicia investiga un contrato de más de $800 millones firmado con una consultora creada después de haber sido contratada, cuyos dueños serían familiares directos de un exgerente de la entidad y que, meses más tarde, terminó en manos de un empleado de pizzería.
El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por el actual interventor, Marcelo Petroni, y derivó en allanamientos judiciales a la sede de la empresa Point Centurión, ubicada en el Pasaje Río Cuarto al 1400, donde los investigadores encontraron solo un estudio contable y documentación vinculada a la firma.
Un contrato millonario bajo sospecha
Según la denuncia, Point Centurión fue contratada en 2023 durante la gestión de Néstor Acuña, designado en su momento por un juez de La Pampa. La empresa fue creada el 15 de mayo de ese año, pero ya había sido recomendada internamente diez días antes, cuando todavía no existía legalmente.
El principal apuntado es Ariel Bellesi, exgerente de procesos y sistemas de Osprera, acusado de haber impulsado la contratación de la firma que pertenecía a su hermano Hernán Bellesi y su madre, Laura Aurora Balbuena.
Cinco meses más tarde, el propio Hernán cedió sus acciones a Juan Bernardo Torales, empleado de la pizzería familiar del barrio de Caballito, quien poco después fundó otra empresa tecnológica llamada QQTECH SRL.
“La hipótesis es que la sociedad se creó con el único fin de extraer fondos de la obra social sin ofrecer un servicio real”, indicó una fuente cercana a la investigación.
El perjuicio económico estimado para la obra social asciende a $803.568.245, de acuerdo con la denuncia presentada por Petroni.
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Facturas, vínculos y una auditoría interna que destapó todo
Una auditoría interna ordenada por la actual intervención detectó que la primera factura de Point Centurión fue emitida el 14 de mayo de 2023, un día antes de la creación legal de la empresa, y enviada al correo personal de Mariana Quirico, gerente general de Osprera.
Esa factura —que luego fue incorporada al sistema contable de la entidad— encendió las alarmas y derivó en la denuncia penal. El fiscal Juan Pedro Zoni, a cargo de la investigación, ordenó el allanamiento de la supuesta sede de la firma y el secuestro de contratos, planillas de trabajo, presupuestos y registros de cobros.
En el lugar, los efectivos encontraron un bibliorato azul con documentación sobre la empresa, aunque sin evidencias de que existiera una estructura operativa real.
La defensa: “Fue un plan de modernización urgente”
Desde Point Centurión, la abogada defensora de la firma sostuvo que la contratación respondió a un plan de modernización tecnológica aprobado por la administración de Acuña, en un contexto de emergencia.
“El servidor web había sido hackeado en febrero de 2023. La auditoría técnica detectó infecciones con troyanos y backdoors. La intervención de la empresa fue inmediata para evitar un colapso del sistema”, argumentó en el escrito judicial.
También justificaron la falta de licitación pública, alegando que la firma ya “colaboraba bajo convenio con la Universidad de La Matanza” y que el procedimiento formal “hubiera demorado la respuesta ante la crisis de seguridad”.
Una guerra de poder en el gremio rural
El caso se enmarca en la fuerte interna política y judicial dentro de UATRE y Osprera, con denuncias cruzadas entre dirigentes y exfuncionarios.
Point Centurión, incluso, inició una demanda comercial por $1.500 millones contra la obra social por supuestos pagos impagos.
En paralelo, continúa la investigación por enriquecimiento ilícito contra el secretario general de UATRE, José Voytenco, quien deberá declarar ante la jueza María Servini luego de una extensa batalla judicial por la competencia del caso.
“La causa expone un entramado de negocios y vínculos personales dentro de una de las obras sociales más grandes del país”, resumió una fuente judicial.
