Avanza la investigación contra Los Grobo por presunta defraudación: la Justicia indaga sobre la retención de trigo valuado en $480 millones
La Fiscalía de Victoria dio un nuevo paso en la causa por presunta defraudación contra Los Grobo Agropecuaria S.A., una de las mayores empresas agroindustriales del país, controlada por Victoria Capital Partners y la familia Grobocopatel. La investigación, que encabeza el fiscal Iván Yedro, apunta a determinar si la firma retuvo de manera indebida una partida de trigo valuada en unos $480 millones, denunciada por una productora local.
Fuentes judiciales confirmaron que el Ministerio Público Fiscal solicitó informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) para esclarecer la composición societaria de la compañía y las responsabilidades jerárquicas dentro de su estructura. Además, se tomaron nuevas declaraciones testimoniales a empleados con cargos gerenciales, entre ellos el jefe de planta de Victoria, el líder del equipo comercial y el gerente de operaciones de la casa central.
El expediente fue iniciado por la firma “La Capilla Sociedad en Comandita por Acciones”, administrada por Magdalena Teresa Santamarina, quien denunció que Los Grobo retuvo indebidamente 2.468.204 kilogramos de trigo depositados en su planta de Victoria entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Según consta en la denuncia, la empresa solo restituyó 418.000 kilos sin justificar el faltante pese a las intimaciones notariales.
La fiscalía encuadró el hecho en el delito de defraudación por retención indebida (artículo 173 inciso 2° del Código Penal), que contempla penas de un mes a seis años de prisión. En su resolución, el fiscal sostuvo que Los Grobo “no tenía derecho de propiedad ni título alguno sobre los granos” y que las entregas parciales y el silencio frente a los reclamos evidencian el conocimiento del deber de restitución.
El texto judicial también advierte que las dificultades financieras de la compañía podrían haber influido en la decisión de retener el cereal:
“La reticencia en la devolución podría responder a la entrega a otros depositantes o a una venta ilegítima de los granos para obtener liquidez y afrontar compromisos financieros exigibles”, sostiene el dictamen.
Durante un allanamiento realizado el 27 de enero, la Justicia secuestró 1.990.514 kilos de trigo y documentación contable vinculada a las operaciones del cereal. Inicialmente, el jefe de planta fue designado depositario judicial, aunque luego esa función pasó a la querellante, Santamarina.
Posteriormente, las partes iniciaron negociaciones extrajudiciales y alcanzaron un acuerdo transaccional, mediante el cual la productora accedió a retirar la denuncia penal tras el cumplimiento del pago por parte de Los Grobo. No obstante, la decisión final sobre el archivo o la continuidad de la causa quedará en manos del Ministerio Público Fiscal.
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La versión de la querella
El abogado Diego Calderón, representante de la denunciante, explicó al programa Cuestión de Fondo (Canal 9) que en diciembre de 2024 la empresa les anticipó que no podría cumplir con sus obligaciones, lo que generó alarma entre los productores con granos depositados.
“Algunos lograron retirar su producción, otros no. En este caso se trataba de más de dos millones de kilos de trigo, casi la mitad de la capacidad de la planta de Victoria”, detalló el letrado.
Calderón señaló que al no existir contrato formal de transferencia, la propiedad del cereal seguía siendo del productor, lo que fundamentó la denuncia penal. Luego, la apertura del concurso preventivo de acreedores modificó el escenario y permitió un acuerdo bajo el artículo 20 de la Ley de Concursos y Quiebras, que habilita al deudor a continuar contratos en curso.
“Nos ofrecieron un convenio beneficioso y la empresa cumplió con el pago, por eso mis representados desistieron de la denuncia”, explicó.
Un gigante en crisis
El proceso judicial se desarrolla mientras Los Grobo Agropecuaria S.A. atraviesa una profunda crisis financiera. La empresa se encuentra en concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 12, a cargo del juez Hernán Papa, tras reconocer un default por más de $320.000 millones y una deuda con 3.740 acreedores en todo el país.
El balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) reveló pérdidas por $36.619 millones y un patrimonio neto negativo de $23.869 millones, lo que la deja técnicamente fuera de los parámetros legales para operar. “La sociedad no tendrá, en el corto plazo, capacidad financiera para afrontar de forma regular sus compromisos”, admite el informe firmado por el contador Daniel Fabián Rivadulla.
Entre los acreedores figuran empresas agropecuarias y productores de distintas localidades entrerrianas, como Gualeguay, Urdinarrain, Victoria, Santa Anita, Diamante, Nogoyá y Paraná, entre otros. En muchos casos, Los Grobo ya alcanzó acuerdos parciales en el marco del concurso.
Por disposición judicial, el Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos identificó los bienes de Los Grobo y Agrofina, que quedaron inhibidos para su venta o gravamen.
A su vez, la CNV otorgó una prórroga de 45 días desde el 8 de septiembre para la presentación de los estados contables anuales de la firma, según informó la responsable de relaciones con el mercado, Julieta Gioia.
Reclamo de fondo
Para Calderón, el caso expone la vulnerabilidad de los productores ante la falta de herramientas legales de protección:
“Sería fundamental una legislación que contemple la situación de los depositantes y ponga al productor en una posición más segura. Con reglas más claras se evitarían estos conflictos”.
