Con fuerte presencia institucional y discursos encendidos, Villaguay fue sede del inicio del calendario 2025 de exposiciones rurales en Entre Ríos. En ese marco, productores y referentes agropecuarios volvieron a poner sobre la mesa los reclamos históricos del sector: presión impositiva, retenciones y el mal estado de los caminos rurales.
Sin embargo, en esta oportunidad, hubo una advertencia que sumó gravedad al panorama: el avance de la garrapata bovina, especialmente en el norte de la provincia, se transformó en una preocupación sanitaria de primer orden.
Una amenaza sanitaria y productiva
“El problema de la garrapata no puede seguir siendo postergado. Somos los dueños de la hacienda y debemos tomar el toro por las astas”, afirmó Nicasio Tito, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER). También pidió mayor compromiso estatal y herramientas concretas para ejecutar planes de control con eficiencia.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su titular Carlos Castagnani advirtió: “La garrapata no es solo un problema sanitario; tiene impacto económico directo en la producción”. En ese sentido, convocó a una respuesta urgente y coordinada para frenar la propagación del parásito en la región.
Además, Castagnani defendió el actual esquema de vacunación contra la fiebre aftosa, al destacar que “ha sido clave para sostener el estatus sanitario del país y la continuidad de las exportaciones ganaderas”.
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Presión fiscal e infraestructura: los otros reclamos
Las críticas por la alta carga impositiva tampoco faltaron. “No se puede construir competitividad ni pedir inversiones cuando al productor se lo castiga antes de producir”, sentenció Castagnani, generando uno de los mayores aplausos del evento.
Desde la Sociedad Rural de Villaguay, su presidente Gustavo Meichtry sumó su preocupación por la falta de infraestructura. “La Ruta 20 sigue igual. Vialidad provincial es un desastre y no vemos mejoras significativas”, apuntó, aunque reconoció el diálogo con el gobierno provincial.
En esa línea, valoró el gesto político de haber limitado el aumento del impuesto inmobiliario por debajo de la inflación y de destinar el 100% de lo recaudado a caminos rurales, aunque lamentó que “eso aún no se concreta”.
Tito también señaló las dificultades burocráticas que impiden ejecutar con eficacia los fondos del impuesto inmobiliario rural. “Algunas zonales de Vialidad muestran avances concretos; otras, en cambio, siguen arrastrando años de abandono. Hay que revisar causas y encontrar soluciones”, reclamó.
