La industria nacional de maquinaria agrícola en alerta por la libre importación de equipos usados
Tras la desregulación del sector, fabricantes locales advierten por una posible competencia desleal y reclaman reglas claras para preservar el equilibrio del mercado.
A tres meses de la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar restricciones a la importación de maquinaria agrícola usada, crece la preocupación entre los fabricantes nacionales. Desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) advirtieron sobre el riesgo de una “competencia desleal” y reclamaron reglas claras y previsibilidad para preservar el equilibrio del mercado.
Uno de los principales reclamos es la derogación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), que hasta diciembre exigía consultar a los fabricantes locales antes de autorizar el ingreso de maquinaria usada del exterior. Sin ese filtro, ahora puede importarse libremente cualquier tipo de equipo usado, lo que —según las empresas— pone en riesgo a la industria nacional, ya golpeada por factores financieros, estacionales y climáticos.
“Tenemos que esperar al menos un ciclo agrícola completo para evaluar el verdadero impacto. Ojalá que no sea tan grave”, expresó Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT.
Te puede interesar
- Pronóstico de lluvias hasta el 11 de agosto
- Milei acierta el momento: baja de retenciones y un campo listo para despegar
-
Nuevo aumento salarial para trabajadores rurales: cuánto cobrarán en julio y agosto 2025 -
Un sueño hecho realidad: un joven pisa La Rural por primera vez y emociona con su historia
-
Retenciones al agro: ¿primer paso hacia un cambio estructural o un simple alivio fiscal?
- Brasil eliminó retenciones y duplicó exportaciones: ¿Qué espera Argentina?
Un parque obsoleto y la necesidad de renovación
Según datos del sector, el 80 % del parque de cosechadoras del país tiene más de 10 años y el 70 % de los tractores supera los 18 años de antigüedad. El ideal técnico sería no más de 4 años de uso. En Brasil, por ejemplo, la media de tractores eficientes se ubica entre los 6 y 7 años.
A pesar de este escenario, desde la industria afirman que la renovación debe realizarse de manera ordenada. “Estamos a favor del libre comercio y la apertura, pero necesitamos condiciones de competencia justas”, afirmó Juan Lozano, gerente de relaciones institucionales de CNH Argentina.
Más productividad, más ingresos fiscales
Los empresarios argumentan que la maquinaria moderna mejora la eficiencia y reduce costos: una cosechadora actual puede aumentar la productividad entre un 20 % y un 25 % en comparación con una de hace una década. Además, la tecnología permite detectar fallas a distancia y evitar paradas prolongadas. “Esto beneficia tanto al productor como al Estado, que recauda más cuando el campo produce más”, agregó Lozano.
Carga impositiva, financiamiento y brechas laborales
Aunque el impuesto PAIS fue eliminado en diciembre de 2024, las empresas aseguran que aún enfrentan un fuerte impacto financiero debido al crédito fiscal acumulado por el Estado. “Nos pagan en cuentagotas, y el costo lo termina asumiendo todo el sector”, explicó Brito Peret.
Por su parte, Carlos Palmieri —gerente general de Jacto Argentina y vicepresidente de AFAT— señaló que los costos estructurales siguen siendo una gran barrera: “Primero hay que bajar la carga impositiva, luego la laboral y salarial. No se puede competir si un operario gana 1000 dólares en Argentina y 450 en Brasil para producir lo mismo. Las cargas sociales están completamente desbalanceadas”.
Piden una ley de tránsito para maquinaria agrícola
Otro de los puntos destacados por el sector es la falta de una normativa vial específica para el traslado de maquinaria agrícola, como ya tienen Brasil, Uruguay y Estados Unidos. “Hoy, para mover una cosechadora de un campo a otro, hay que hacerlo de madrugada o rezar que no venga nadie de frente. Eso también es competitividad, es seguridad, y es parte de tener reglas claras para el campo”, sostuvo Lozano.
Desde AFAT insisten en que esta problemática no puede resolverse de manera aislada. Plantean un enfoque conjunto entre la industria, los productores, los municipios, Vialidad y el Gobierno nacional.
