Análisis del riesgo fiscal de una eventual sequía en el presupuesto 2025
La sequía es un fenómeno natural que puede repercutir de manera significativa en las finanzas públicas de Argentina. La dependencia del país en el sector agropecuario para la recaudación tributaria convierte a la agricultura en una palanca crucial para el sustento del presupuesto nacional. Cuando se producen sequías, la capacidad productiva de este sector se ve drásticamente afectada, lo que conduce a una disminución en la producción de cultivos clave, como la soja y el maíz, que son esenciales para la exportación y la generación de ingresos fiscales.
La reducción de la producción agrícola no solo afecta la recaudación de impuestos directos sobre las actividades agropecuarias, sino que también tiene efectos en cadena sobre otros sectores de la economía. Por ejemplo, la disminución de ingreso para los productores agrícolas se traduce en un menor consumo de bienes y servicios, lo que a su vez impacta negativamente en sectores como el comercio y la industria. Los menores niveles de actividad económica provocan que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos indirectos también se vean comprometidos, lo que afecta la estabilidad financiera del Estado.
Otra consecuencia de la sequía radica en el aumento del gasto público. Para contrarrestar los efectos devastadores en la producción y en la población afectada, el gobierno puede verse obligado a implementar programas de asistencia social y financiamiento agrícola. Tales medidas generan una presión adicional sobre las finanzas públicas, lo que puede llevar a desvíos significativos de las proyecciones fiscales establecidas previamente en el presupuesto. Por lo tanto, es imperativo que se realice un análisis exhaustivo de estos riesgos fiscales asociados a eventos de sequía, facilitando así una planificación adecuada y una administración financiera más sólida en el futuro.
Análisis de datos históricos y proyecciones fiscales
La sequía ha constituido un fenómeno recurrente en diversas regiones del país, con impactos económicos significativos, especialmente en el sector agrícola. Desde 2014 hasta 2023, se han registrado pérdidas económicas notables debido a sequías severas, destacándose el episodio de 2017/18, que resultó en una disminución drástica en la producción agrícola y, por ende, en el Producto Interno Bruto (PIB). Durante ese periodo, las pérdidas fueron estimadas en aproximadamente el 15% de la producción agrícola total, lo que acentuó la vulnerabilidad del presupuesto nacional.
Otro evento notable fue el año 2022/23, donde se observaron condiciones climáticas adversas que generaron una sequía prolongada. Este incidente afectó no solo la agricultura, sino también las cuentas fiscales del gobierno, reflejándose en una reducción de los ingresos fiscales y un incremento en la necesidad de financiamiento para emergencias. Las proyecciones indican que, si una sequía similar ocurriera en 2025, podríamos esperar una reducción del 20% en la producción agrícola, lo que tendría efectos secundarios en la economía en general.
Para evaluar el impacto macro-fiscal potencial de nuevo, se utilizará un modelo de equilibrio general. Este modelo permitirá simular las repercusiones de la reducción anticipada en la producción agrícola, analizando cómo se verían afectados el PIB y las cuentas fiscales. Las proyecciones deben ser interpretadas con cautela, ya que factores externos, tales como políticas gubernamentales, acuerdos comerciales, y condiciones climáticas, pueden alterar los resultados. No obstante, es imperativo que los responsables de la formulación de políticas consideren estos análisis para implementar estrategias efectivas que mitiguen los efectos adversos de una eventual sequía en el presupuesto de 2025.
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La estrategia del gobierno ante los riesgos fiscales
La gestión adecuada de los riesgos fiscales asociados a una posible sequía en el presupuesto de 2025 es crucial para la estabilidad económica del país. Ante esta realidad climática, el gobierno ha propuesto una serie de estrategias destinadas a mitigar el impacto que podría tener una sequía severa en las finanzas públicas. La capacidad de respuesta del gobierno en situaciones de crisis climática es un factor determinante; por ello, se están diseñando políticas que no solo abordan la emergencia, sino que también buscan la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Una de las principales estrategias consiste en la implementación de un fondo de emergencia que permita al gobierno contar con recursos disponibles en caso de desastres naturales. Este fondo puede ser alimentado a través de una adecuada planificación fiscal, la cual debe ser flexible y capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno económico. Además, el gobierno tiene la intención de diversificar las fuentes de ingreso para evitar la dependencia excesiva de los recursos hídricos. Las inversiones en infraestructura hídrica y tecnologías de manejo de agua son áreas prioritarias que se están considerando para aumentar la resiliencia del país.
En términos de políticas públicas, se están promoviendo programas de concientización y apoyo a los sectores agrícolas y ganaderos. Estas iniciativas buscan no solo mitigar el impacto inmediato de la sequía, sino también fomentar prácticas sostenibles que puedan asegurar la producción y el bienestar de las comunidades vulnerables. Asimismo, es esencial que estas políticas se construyan sobre una base de datos e investigaciones que permitan una comprensión clara de los riesgos implicados.
Por lo tanto, en un contexto de creciente inseguridad hídrica, la implementación de estas estrategias es fundamental. Para lograrlo, es imprescindible que todas las partes interesadas colaboren en una planificación fiscal eficiente que contemple el impacto de los cambios climáticos, garantizando así la estabilidad fiscal del país ante futuros desafíos.
Los resultados observados fueron los siguientes:
Las conclusiones:
- Por el lado de los ingresos, al alterarse los montos de exportaciones, se registra un impacto relevante en los Derechos de Exportación, mientras que en el resto de los ingresos impositivos se registra una merma real que se compensa en términos del PBI con la caída del producto.
- En lo que respecta al gasto primario, dado que más de la mitad del mismo se encuentra indexado, una caída del nivel de actividad incrementa el mismo en porcentaje del producto. Así, una sequía de esta magnitud tendría un impacto sobre el resultado de -0,37 puntos del PBI.
- En el marco de la nueva política fiscal, lo que esto implicaría es la necesidad de un ajuste en las partidas discrecionales del gasto tal que permita compensar los efectos de una sequía para mantener el comprometido equilibrio financiero en el 2025, tal como se plantea en el presente Proyecto de Ley de Presupuesto.
“Hacia delante, se continuará reforzando el análisis de riesgos fiscales de modo de trabajar en políticas de mitigación que permitan hacer frente al impacto de los mismos. En este sentido, en el marco de la nueva política fiscal que implica que mayores ingresos no necesariamente implicarán un incremento del gasto, cualquier ahorro que surja de unos ingresos por encima de los estimados, podrían destinarse parcialmente a mitigar el impacto de eventos futuros como el analizado en la presente sección”, cierra el apartado sobre estos riesgos fiscales.
