Hace al menos 90 días, Horacio Ferrecio, propietario de la cabaña Los Chúcaros, venía denunciando el robo de caballos a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos (UFI) local, a cargo del fiscal Andrés Rafael Quintana. Al no obtener resultados positivos, decidió acudir a la Sociedad Rural Argentina (SRA) para que interviniera ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Ferrecio señaló a su petisero, Marcelo Pissolito, y su concubina, Camila Banedas, como los principales sospechosos del robo. Las denuncias indicaban que los implicados adulteraban documentos de registro y ADN de los caballos criollos, justificando la pérdida de los animales con informes falsos de mortandad. Además, se mencionó que los caballos eran vendidos de manera ilegal.
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Gracias a las intervenciones de la SRA, el Comando de Prevención Rural (CPR) Pilar actuó en respuesta a las denuncias. Con la colaboración de la Subdirección Nacional de Investigación Criminal (DDI), oficiales bonaerenses realizaron allanamientos y lograron recuperar tres caballos vendidos por César Pissolito, hermano del acusado. Durante el operativo, se verificó el campo de 60 hectáreas, constatándose la falta de unos 20 equinos que habían sido vendidos ilegalmente.
Juan Manuel Rodríguez, comisario y jefe del CPR Pilar, subrayó que se actuará en consecuencia para establecer la responsabilidad de los implicados. La intervención policial ha sido una medida clave para desmantelar esta banda de robo de caballos, cuya negligencia inicial por parte de las autoridades judiciales había generado un ambiente de impunidad.
