El Agro presentó un régimen de incentivos propio para atraer inversiones millonarias
Contexto actual y la exclusión del sector agropecuario
El sector agropecuario en la actualidad enfrenta una situación compleja debido a su exclusión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este régimen, orientado a fomentar inversiones significativas en diversas industrias del país, ha dejado de lado a un sector que posee un potencial considerable para generar inversiones millonarias en un plazo breve. La exclusión ha causado descontento entre los principales actores del sector agropecuario, quienes sostienen que su inclusión sería determinante para la reactivación económica del país.
En este contexto, los líderes del agro destacan la capacidad del sector para movilizar hasta US$ 18.000 millones a lo largo de toda la cadena de valor. Subrayan la importancia de contar con un régimen de inversiones propio que fomente no solo el aumento de la producción, sino también la industrialización y modernización de las actividades agropecuarias. Argumentan que el sector agropecuario ejerce una influencia significativa en el desarrollo económico, social y ambiental de vastas regiones del país, desempeñando un rol crucial en la generación de empleo y la dinamización de las economías locales.
La propuesta de ley de inversión agroindustrial presentada ante el Congreso persigue la creación de un marco jurídico y financiero que incentive las inversiones en infraestructura, tecnología e innovación en el sector agropecuario. Este enfoque integral pretende asegurar un desarrollo sostenible y competitivo, facilitando la exportación de productos con valor agregado y mejorando la posición del país en los mercados internacionales. Asimismo, busca promover asociaciones público-privadas que potencien el desarrollo de proyectos estratégicos y aseguren la participación activa de todos los actores involucrados.
El debate en torno a esta propuesta subraya la necesidad de repensar las políticas de inversión actuales para incluir sectores ampliamente productivos como el agropecuario. La implementación de un régimen de inversiones propio podría ser la clave para desencadenar un crecimiento significativo, catalizando la reactivación agroindustrial y, por ende, la economía nacional en su totalidad.
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Iniciativa del proyecto de Ley Agroindustrial
La propuesta del sector agroindustrial, que resurge en el ámbito legislativo bajo el título “Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial” (RIDA), es una reincorporación de ideas anteriormente planteadas durante la administración del expresidente Alberto Fernández. Esta iniciativa toma forma en un contexto de participación amplia, reuniendo a más de 50 entidades de distintos segmentos del sector agroindustrial. Este conglomerado se bautizó como el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y desempeñó un rol primordial en la formulación del proyecto.
El proyecto RIDA logró recibir apoyo bipartidista en su momento, lo cual reflejaba un consenso significativo en torno a la necesidad de una reactivación integral del sector agroindustrial. Sin embargo, a pesar de este amplio consenso, la propuesta eventualmente perdió estado parlamentario, afectada por la parálisis que experimentó el Congreso en años recientes. Esto demuestra las dificultades de avance para legislaciones complejas, especialmente en contextos políticos volátiles.
Recientemente, el proyecto ha sido revitalizado gracias al esfuerzo del peronista Miguel Ángel Pichetto, quien, junto con otros legisladores, ha impulsado de nuevo la propuesta en el ámbito parlamentario. Esta nueva versión del proyecto busca no solo reanimar al sector agroindustrial, sino también ofrecer un marco jurídico y fiscal más claro y estable que promueva inversiones a largo plazo.
Entre las figuras clave en este proceso, destaca José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, quien ha jugado un rol crucial en la articulación del proyecto con otros actores relevantes del sector. La consistente participación de estos líderes, junto con el apoyo continuado de diversas entidades, otorga a RIDA una base sólida para su posible aprobación y ejecución futura.
El Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA) ha sido estructurado con un enfoque minucioso en la incentivación del sector agropecuario, presentando un conjunto de estímulos económicos diseñados para catalizar nuevas inversiones. Este régimen, previsto inicialmente para un período de 3 años, cuenta con la opción de extenderse por 2 años adicionales, otorgando a los inversores una ventana temporal amplia para planificar y ejecutar sus proyectos bajo condiciones favorables.
Amortización acelerada de inversiones
Uno de los principales beneficios del RIDA es la amortización acelerada de inversiones. Este mecanismo permite a los inversores deducir de sus beneficios imponibles el costo de sus inversiones en un periodo de tiempo más corto comparado con el régimen general. Esta medida no solo promueve la adquisición de nuevos equipos y tecnologías, sino que también mejora la competitividad del sector agroindustrial al reducir los períodos de retorno de inversión.
Saldos técnicos y certificados de crédito fiscal
El régimen también contempla la posibilidad de acumular saldos técnicos derivados de la compra de bienes de uso. Estos saldos pueden ser aprovechados para mejorar la liquidez de las empresas agropecuarias, facilitando la reinversión en sus operaciones. Adicionalmente, se han implementado certificados de crédito fiscal intransferibles, los cuales podrán ser utilizados para la adquisición de insumos. Esta iniciativa garantiza que los recursos se reinviertan directamente en el desarrollo de la actividad productiva, asegurando un uso eficiente y sostenible del capital.
Valoración de hacienda e incentivos fiscales
En cuanto a la ganadería, el RIDA incluye una valoración especial de la hacienda con incentivos específicos para la invernada. Este enfoque busca estimular la producción ganadera en etapas claves, lo que puede traducirse en un incremento de la productividad y estabilidad del sector. Además, se reduce el impuesto a las ganancias sobre los beneficios reinvertidos en fondos comunes de inversión dedicados exclusivamente a proyectos agropecuarios, proporcionando un incentivo adicional para movilizar capital hacia este sector crítico de la economía.
En términos comparativos, se estima que estos beneficios ofrecidos por el RIDA son equitativos y menos onerosos que los estipulados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, destacan por su fuerte potencial para movilizar capital hacia el sector agroindustrial, presentando una oportunidad estratégica para la reactivación económica y productiva del país.
En un reciente evento celebrado en la Bolsa de Cereales, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó con vehemencia el papel fundamental del sector agropecuario en la reactivación económica de Argentina. Caputo indicó que este sector desempeña un rol vital al contribuir significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) del país. Asimismo, subrayó la importancia de que los empresarios del agro se conviertan en ‘protagonistas’ de la inversión, liderando el camino hacia una recuperación económica sostenida y equitativa.
El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera, Gustavo Idígoras, tomó la palabra para apoyar el llamado de Caputo, destacando la increíble aptitud del sector agroindustrial para realizar inversiones rápidas y efectivas. Enfatizó la necesidad crítica de un régimen de inversiones específico para el agro, que contemple y ajuste los incentivos adecuados. Idígoras subrayó que con un marco normativo e incentivos bien diseñados, las inversiones en el sector agropecuario pueden traducirse de manera expedita en crecimiento económico, creación de empleo y desarrollo regional diversificado.
La propuesta formulada por Idígoras se orienta hacia la implementación de un régimen de inversiones que garantice estos beneficios a través de incentivos fiscales y normativos que faciliten la inversión agroindustrial. Este régimen buscaría no solo ofrecer un retorno rápido de la inversión, sino también fomentar la innovación, la eficiencia y la productividad en toda la cadena agroindustrial. La expectativa general en el sector es que, una vez reglamentado, otros ámbitos excluidos puedan adherirse a esta iniciativa a través de categorías más amplias, tales como infraestructura o tecnología, ampliando así su impacto positivo en la economía nacional.
En definitiva, el sector agropecuario vislumbra una oportunidad dorada para consolidarse como pilar de la economía argentina. Sin embargo, para que este potencial se materialice, es imprescindible un entorno propicio que incentive la inversión con reglas claras y beneficios tangibles. Esta sinergia entre gobierno y sector privado promete ser el motor impulsor del ansiado repunte económico.