El mercado comprador se mostró más activo recientemente, abriendo nuevas posiciones para originar mercadería. Sin embargo, esta actividad ha sido opacada por una controversia mayor que involucra al Puerto de Quequén y la relación entre el gobierno provincial y el sector agroindustrial.
La disputa por la concesión del Puerto de Quequén
Las sociedades rurales del sudeste de Buenos Aires están alarmadas por lo que consideran un intento del gobernador Axel Kicillof para intervenir en un eslabón importante de la cadena agroindustrial. La concesión de Terminal Quequén, operadora del principal elevador de granos para la carga de buques, venció tras 30 años y aún no hay acuerdo para su renovación. Según las entidades del campo, Kicillof pretende crear una ‘junta provincial de granos’ que le permita intervenir en el comercio agroindustrial.
Te puede interesar
- Pronóstico de lluvias hasta el 26 de agosto
- Gobierno y agro: fecha para dos reclamos clave del sector
- El Gobierno intervino la obra social de Trabajadores Rurales
-
“La UE pone al cambio climático como estrategia geopolítica para seguir regulando el comercio”
- El sector agropecuario no logra captar la atención del Congreso
- Nuevo incremento salarial para trabajadores rurales
Acusaciones y preocupaciones
Las sociedades rurales de varias localidades, como Ayacucho, Mar Chiquita y Necochea, entre otras, han firmado un comunicado en el que critican duramente la posible intervención gubernamental. Afirman que esto podría perjudicar enormemente al sector productivo más dinámico del país. La falta de un acuerdo de renovación y la posible creación de una empresa provincial con fines de comercialización de granos son vistos con gran preocupación por las entidades.
Implicaciones y repercusiones
En este contexto, Terminal Quequén ya ha advertido sobre los plazos cumplidos y la falta de respuesta. Si no se ofrece una solución, podría haber graves inconvenientes en la prestación de servicios y un riesgo para las fuentes de trabajo. La figura de una ‘junta provincial de granos’ es vista como nociva y contraproducente para la actividad agroindustrial. Las sociedades rurales señalan la necesidad de advertir a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y otras instituciones sobre los pasos a seguir.
