Imputan a 8 empleados de SanCor por amenazas
Ocho empleados de la planta de SanCor en Sunchales han sido imputados por el delito de amenazas calificadas por el propósito de compeler a otras personas a abandonar su lugar de trabajo. Estos empleados, pertenecientes al sindicato ATILRA, fueron denunciados por la cooperativa láctea debido al bloqueo de sus plantas de producción en los últimos meses. El fiscal Juan Manuel Puig, de la Fiscalía Regional N°5 de Rafaela, también incluyó cargos por usurpación por turbación de la posesión y amenazas coactivas.
Conflicto entre la cooperativa y sus trabajadores
Este conflicto entre la cooperativa Sancor y sus trabajadores lleva varios meses, con fuertes protestas por parte del sindicato ATILRA. La semana pasada se llevaron a cabo audiencias imputativas y se denunció a alrededor de 40 personas, la mayoría pertenecientes al cuerpo de delegados, que bloquearon la principal planta de la cooperativa e impidieron el acceso de los empleados a su lugar de trabajo.
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Antecedentes del conflicto
Los bloqueos gremiales comenzaron en octubre de 2023, aunque ya en 2017 se habían registrado situaciones similares. En los primeros días de octubre de 2023, debido a la caída de un fideicomiso que se iba a crear para pagar las deudas de Sancor, el sindicato lechero inició asambleas de 4 horas por turno que afectaron la producción y comercialización de los productos de la cooperativa. Además, se produjeron agresiones y amenazas hacia los productores que proveían a Sancor.
La conciliación obligatoria dictada en diciembre logró pausar el conflicto por un tiempo, pero a comienzos de año las amenazas contra los trabajadores para que no asistieran a trabajar continuaron. La presencia policial enviada por la cartera de seguridad provincial en febrero generó una escalada de intimidación según el cuerpo de delegados de ATILRA en Sancor.
Denuncias y acusaciones
En una carta abierta dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro, los delegados denunciaron que el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, incurrió en un grave incumplimiento de sus deberes de funcionario público e intentó sofocar el reclamo laboral. También recibieron el respaldo de la delegación Rafaela de la Confederación General del Trabajo, que emitió un comunicado con fuertes críticas hacia el mandatario provincial.
Por su parte, desde Sancor aseguran que en solicitadas del sindicato liderado por Héctor Ponce se blanqueaba la intención de fundir a la cooperativa y recomprarla a través de fondos cercanos a ellos. Se apunta a un estudio jurídico de Rosario que pretende armar otro fideicomiso para quedarse con la empresa.
Impacto en otras plantas de Sancor
Las denuncias no solo afectan a la planta de Sunchales, la más importante en cantidad de empleados y producción, sino también a las plantas de Devoto y Balnearia, donde se realizaron asambleas en medio de la conciliación obligatoria, algo que la ley no permite. Además, Sancor tuvo que cerrar la planta de San Guillermo, que había reabierto luego de tres años, debido a las presiones sindicales.
El gobierno santafesino decidió reforzar la seguridad en Sunchales para garantizar la entrada y salida de los camiones que transportan la leche y permitir que los empleados puedan ir a trabajar. Sin embargo, desde el sindicato consideran que esto representa una escalada de intimidación.
A pesar de la situación, el ministro Báscolo aseguró que se respeta el derecho a la huelga, pero también se busca garantizar el correcto funcionamiento de la empresa y el pago de salarios.
