El conflicto con Paraguay por el cobro de peajes en la hidrovía siguió escalando, en las últimas horas, luego de que el canciller de ese país, Rubén Ramírez, anunciara que la nación vecina se presentará ante el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercado Común del Sur (Mercosur) para resolver la controversia.
Además de la molestia que le ha generado al gobierno y a las empresas paraguayas que la Administración General de Puertos de la Argentina cobre un peaje por el mantenimiento del dragado del Río Paraná, el enojo de Paraguay escaló luego de que autoridades argentinas retuvieran y no dejaran circular una barcaza de bandera paraguaya.
Por tal motivo, Ramírez convocó al embajador argentino en Paraguay, Oscar Domingo Peppo, a una reunión en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores, en Asunción, para expresar la protesta de su país ante el Gobierno argentino por la retención que consideran “irregular” de un convoy de 10 barcazas cargadas con combustible.
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Diálogo. Ramírez manifestó: “Hemos tomado la decisión de recurrir al Tribunal, en función del Tratado de Asunción, que crea el Mercosur, por violación de los artículos primero y segundo, que nos conducen a un Tribunal de Resolución de Controversias del Mercosur”. No obstante, enfatizó su disposición al diálogo como un mecanismo principal para resolver la controversia.
También, expresó su preocupación por la falta de acciones de la Argentina para solucionar el conflicto y señaló que estas medidas afectan gravemente la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para Paraguay, que no tiene salida al mar.
Embargo e interdicción. El hecho concreto que motivó la decisión paraguaya fue lo acontecido en las últimas horas, cuando la Prefectura Naval Argentina (PNA) decidió interrumpir el paso de la barcaza MGT-05 de la naviera Mercurio Group S.A., con una “notificación de embargo e interdicción de navegar”.
Esa embarcación forma parte de un convoy de barcazas que “se encuentra operando en la jurisdicción de Zárate, provincia de Buenos Aires”, precisó la empresa, que agregó que la medida fue dispuesta como parte del “reclamo de pago por una factura de U$S27.031, correspondiente al peaje del tramo Santa Fe -Confluencia”.
Deliberadas. Para la Cancillería paraguaya la medida “fue tomada pasando por alto incluso disposiciones judiciales que indicaban que el convoy no podía ser retenido”. Para el gobierno de Asunción, su par argentino “lejos de tomar acciones que permitan un entendimiento sobre la controversia instalada, impulsa medidas que pudieran incluso interpretarse como deliberadas a agravar la situación”.
Y agregó: “Teniendo en cuenta que se trata de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario, que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y la fluctuación del precio de dicho insumo, representa una afectación grave que repercute en la cadena de valor y, en última instancia, a la sociedad paraguaya”, manifestó la Cancillería.
Reunión urgente. En este contexto, el Gobierno paraguayo anunció que pedirá a Brasil, país que ocupa la presidencia pro tempore del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que adelante “de manera urgente” para la primera quincena de septiembre la reunión extraordinaria de ese organismo que vela por el funcionamiento de esa arteria fluvial.
A la reunión, prevista inicialmente para fines del corriente mes, están convocados Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, que firmaron en junio de 1992 el Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía.
