Inédito: una productora le ganó un juicio al Estado y sentó un precedente

Por ilegal e inconstitucional la Cámara Provincial de San Martín, en segunda instancia, falló contra el municipio de Carlos Casares sobre el cobro de las tasas Vial y de Seguridad e Higiene.

Tras 7 años de una disputa por justicia por la falta de contraprestación de servicio, la productora lechera Andrea Passerini, parte actora en la causa judicial y propietaria del establecimiento La Arboleda, dijo estar más que satisfecha, con el fallo, tanto por haber ganado el juicio en su caso particular, sino por el precedente que genera hacia adelante.

Passerini, que también es dirigente gremial agropecuaria en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fue enfática al comentar el fallo: “Esto es un precedente de p.. madre, porque el municipio no pudo documentar y demostrar que prestaba el servicio de mantenimiento de caminos”, le dijo al diario La Nación.

Antecedentes. Ya en el fallo de primera instancia, el juez en lo Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, Pablo Germain, había fallado en las 2 causas (una por la tasa vial y otra por la tasa de seguridad e higiene) que “el municipio de Carlos Casares no prestó los servicios correspondientes a la tasa”, tanto en conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal, como en seguridad e higiene, durante los años 2016, 2017 y 2018, por lo que “deviene ilegítima e inconstitucional la pretensión fiscal y/o pago del tributo por los períodos mencionados”, dijo el magistrado.

Tras la apelación de ambos fallos por parte del municipio, la Cámara de Apelaciones de San Martín rechazó los recursos. Y finalmente, el estado municipal de Carlos Casares decidió no recurrir por vía extraordinaria a la Corte provincial, por lo que el fallo de la Cámara quedó firme.

La lucha judicial de Passerini comenzó tras las inundaciones de 2012 y 2013, donde, por la falta de respuestas del municipio para reparar los caminos rurales, con un grupo de productores juntaron dinero y ellos mismos contrataron una empresa que mejore un único camino existente para poder entrar y salir de los campos.

El tramo. Era un trayecto de 42 kilómetros que separan la localidad de Ordoqui de la ruta naciopnal 226. “Era para poder sacar la leche, que la gente que trabajaba en el campo y tenía alguna emergencia pudiera salir. Porque si no la única forma era en tractor o a caballo”, recordó Passerini.

Pese a la falta de prestación del servicio, en 2014 el municipio intimó a Passerini, con una carta documento, a abonar las tasas impagas de los años anteriores. “Fue ahí cuando dije basta. Hubo un corte emocional en mí que me decía que yo no podía seguir avalando estas cosas; debía ir más allá de protestar en redes sociales o sacando un comunicado. Me dije no me importa que esto me lleve 100 años y que lo cobre mi hijo, pero tengo que hacer algo. Esto no puede pasar más, por eso voy a la Justicia, cueste lo que cueste”, contó la productora.

Además de pagar las tasas viales vencidas y las vigentes (bajo protesto) y estar a derecho, comenzó a buscar antecedentes y pruebas para armar una demanda consistente. Pero la situación se agravó. Como si fuera poco, el distrito decidió comenzar a cobrar, aparte, una tasa de Higiene y Seguridad, “cosa que en la ruralidad no existe”, dijo Passerini.

Devolución. Aun sabiendo el tiempo y el dinero que le insumiría la demanda, decidió ir hacia adelante. Con un abogado, Alejandro Iturbe, que coincidía con sus principios y que decidió acompañarla presentó la demanda, reclamando la devolución de lo pagado por tasas de los años 2016, 2017 y 2018, “por no brindar la correspondiente contraprestación, más atrás no se podía legalmente”, aclaró Passerini. Con la sentencia firme, la Municipalidad de Carlos Casares deberá devolverle todo lo abonado en esos períodos y ahora irá por el resto de los años abonados.

La productora contó que, para su sorpresa, dentro de la misma tasa se aclara que un 25% del total abonado irá a un fondo de salud, a cultura, deporte u obra pública.

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“Esto ya es ilegalidad explícita y pornográfica. No sé cuánto me van a devolver. Pero esto reafirma que no todo da lo mismo, que hay cosas que todavía funcionan y que hay que moverse para lograrlo. Todos estamos con muchas cosas y a veces nos rendimos de luchar porque nos terminamos cansando”, manifestó.

Trascendencia. Passerini reiteró que esto trasciende su caso, porque es un problema endémico que hay en todo el país y sirve como precedente concreto a que muchos productores se animen y luchen por sus derechos. “Esto dispara algo superior. Como ciudadana, le gané a un sistema de recaudación perverso y tramposo. Hay un nivel de recaudación como una matrix, donde la gente queda atrapada y cada vez más”, agregó.

Repercusiones. Entre otros, se expresó el presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares, Mario Reymundo, quien dijo: “Esto es un reclamo que viene de muchos años. Cada vez que podíamos, reclamábamos, pero a los funcionarios de turno no les preocupaba porque si se iba a juicio y con los tiempos de la Justicia, seguramente le iba a caer a otro político el problema. Se lo decíamos nosotros y ahora se lo dijo la Justicia. Esto sirve como antecedente, de poner blanco sobre negro lo que venimos reclamando hace una eternidad; es un precedente que quedó para siempre”, estacó.

Por su parte, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), señaló que “fallos como este son muy necesarios para interpretar correctamente la teoría tributaria que separa con claridad lo que es una tasa tributiva de servicios y un impuesto”.

“Los intendentes deben brindar el servicio por esa tasa cobrada. Más aun pretender cobrar una tasa de Seguridad e Higiene que es totalmente impracticable en el ámbito rural porque no existe ninguna prestación de servicio. Es un avance muy interesante que nos anima mucho, a las entidades y a los productores, a seguir trabajando en ese sentido”, finalizó.

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