Así lo dijo Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), al referirse al proyecto de Ley Nacional de Maquinaria Agrícola y la demora de la Cámara de Diputados de la Nación en avanzar con el debate de la iniciativa, que podría perder estado parlamentario.
Se trata de un proyecto que impulsan las empresas fabricantes de equipos para la agricultura de capital nacional, para que la futura norma defina qué máquinas se consideran de fabricación local y, así, dirigir los créditos subsidiados que los bancos oficiales ofrecen para su compra a aquellas que cumplan con determinado porcentaje de integración nacional.
Según los industriales, si el proyecto no logra al menos media sanción en Diputados, corre riesgo de perder estado parlamentario y tener que volver a fojas cero a partir del 1° de enero de 2024.
Borri se quejó de la demora en el trámite parlamentario durante una conferencia de prensa que ofreció en el marco de la Expo Rural 2023, en Palermo, en la que estuvo acompañado por Hernán Zubeldía (vicepresidente 2° de CAFMA y titular de Maquinaria Agrícola de Buenos Aires (Magriba), la cámara de fabricantes de esa provincia, y Luciana Mengo, protesorera de CAFMA y presidenta de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de Córdoba (Afamac).
Metodología. “No estamos planteando nada distinto a lo que Brasil hace con nosotros. Estamos queriendo despejar la metodología de trabajo de una industria que agrega valor en origen y les da vida a los pueblos del interior”, indicó.
Y agregó: “No estamos en contra de la importación, no queremos alambrar la Argentina, entendemos que la Argentina tiene que estar cada vez más inserta en el mundo, y que hay que adquirir la tecnología que el mundo está desarrollando”.
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No obstante, y para ejemplificar a dónde apunta el reclamo, insistió en que, por ejemplo, durante Agroactiva se ofrecieron $60.000 M a una tasa del 59%, cuyo principal beneficiado es el productor agrícola, de los cuales $43.000 M “subsidiados por todos los argentinos” se aplicaron a ventas de compañías extranjeras y solo $14.000 M para las de capital nacional.
Salud y lealtad. En este sentido, Zubeldía manifestó: “Si buscamos un país agroindustrial y con soberanía alimenticia, lo que pretendemos es competitividad con las mismas reglas de juego, pagando los mismos proveedores y carga impositiva. Es la única forma de que haya una competencia sana y leal. No es que no queremos que las multinacionales estén en Argentina, lo que queremos es que realmente estén en Argentina”, enfatizó.
El pedido de CAFMA es que, con todos los matices que pueda generar, el proyecto al menos entre en debate. “Son momentos complejos para la Argentina y los políticos están muy entretenidos peleándose entre ellos y olvidándose de lo que necesitamos los industriales de a pie”, criticó Borri. Explicó que desde junio el proyecto casi no avanza y está parado en la Comisión de Industria de la cámara baja. “Con que solo tres diputados soliciten su tratamiento ya se podría ejecutar”, recalcó.
Por su parte, Mengo dijo: “Les pedimos a los políticos que nos presten atención. Nuestra parte la hemos hecho, poniendo recursos propios, falta la contraparte de quienes tienen que darle tratamiento parlamentario”. La industrial cordobesa señaló que no quieren tener la razón “del todo” con este proyecto, pero sí que al menos se comience a discutir, se escuchen las distintas posiciones, se investigue y se pueda avanzar.
Prioridades. “La agenda de los políticos pasa por un proceso electoral; la nuestra por trabajar todos los días, hacer inversiones, dar empleo. Necesitamos que salgan un poquito de su agenda individual y trabajen un poco más sobre la agenda de la industria”, reclamó.
A analizar el contenido del proyecto, Mengo insistió en que “el espíritu de la ley no es ser proteccionistas”, pero advirtió que pareciera haber muchas veces una intencionalidad por parte de las firmas multinacionales de “prorrogar” el debate.
“Insisten en avanzar gradualmente sobre una nacionalización, pero hace 10 años que lo pueden hacer. Si realmente están fabricando en Argentina como dicen, no habría discusión alguna; si entran dentro de los parámetros que quiere establecer la ley, no habría origen a la discusión”.
Mengo lo dijo respecto de la postura de las empresas internacionales que operan en el país y cuyos productos finales que venden como argentinos, tiene un grado muy bajo de integración local.
Números. Uno de los argumentos que esgrimen esas empresas es que no consideran acertado que se tome solo en cuenta la participación de agro partes nacionales sobre el componente de una máquina, sino que se contemplen también inversiones en infraestructura, empleo y desarrollo de proveedores.
Para Borri, “los datos matan cualquier relato”. Y para corroborarlo señaló que mientras los fabricantes argentinos generan el 90% de los empleos del sector, solo movilizan el 55% de la facturación y utilizan apenas el 30% del crédito disponible.
“El problema es que el crédito generalizado se termina agotando con los productos más caros, y la diferencia entre una cosechadora y un cabezal es muy grande. Si los recursos son finitos, hay que dirigirlos mejor”, enfatizó.
