Entregan al INTA dos estancias decomisadas

El Tribunal Oral Federal de Corrientes informó este martes que resolvió entregar con carácter definitivo al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) la posesión de dos inmuebles rurales ubicados en el departamento de Santo Tomé, que habían sido decomisados en el marco de la causa de “los narcoaviones”, donde se juzgó a una organización transnacional que ingresaba cocaína al país mediante vuelos clandestinos.

En el expediente, intervinieron el titular de la Fiscalía General de esa provincia, Carlos Schaefer; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; el fiscal auxiliar de la procuraduría, Martin Uriona y la responsable de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (Dgrdba), María del Carmen Chena.

El tribunal -conformado por los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni- hizo lugar el jueves pasado al pedido presentado por el Inta de la entrega de las fincas “Santa María del Aguapey” y “Santa Úrsula”, de 7.000 y 1.889 hectáreas respectivamente.

En la presentación, los representantes del organismo habían solicitado gestionar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Abbe) la transferencia definitiva de los inmuebles debido a que el Inta logró “poner en orden” estos establecimientos y expresaron que los destinarán a la explotación y utilización con fines de educación, investigación, producción y ambientales.

Desde la Fiscalía hicieron foco no solo en que el decomiso dispuesto ya está firme sino también en el desarrollo adecuado de la administración que lleva adelante el organismo en calidad de depositario judicial.

Recordaron además que el proyecto del Inta presentó adhesiones del Ministerio de Producción de Corrientes, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste.

Por estos motivos, consideraron pertinente que “se provea favorablemente respecto de lo solicitado por el Inta, otorgando el traslado del dominio definitivo de las fincas”.


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En la resolución, los jueces indicaron que los inmuebles fueron administrados desde su entrega en depósito judicial por el organismo dedicado a la experimentación y estudio de variedades forestales, de cultivos y ganaderos y sostuvieron que los responsables del mismo “recuperaron el establecimiento rural que le fue cedido vacío, y con los alambrados e instalaciones en muy mal estado”.

De esta forma, destacaron que resultó “valiosa” la labor ejecutada por el organismo durante los seis años en los que lo tuvieron a su cargo, “con un cuidado responsable”, monitoreado por la Cooperadora del Inta Mercedes y con el aporte de distintas organizaciones provenientes de sectores sociales, agrícolas y ganaderos, a las que se sumó en algunas oportunidades la comunidad universitaria, lo que ha dado como resultado un “aprovechamiento con expansión y contenido social de los campos decomisados”.

Por este motivo, y en línea con lo planteado por el MPF, el tribunal destacó la tarea que llevó adelante el Inta, aprobó el plan propuesto para su ejecución y consideró que corresponde que se haga la entrega definitiva de los inmuebles.

Los magistrados explicaron que el organismo deberá cumplir con dos condiciones estipuladas por el artículo 39 de la Ley 23.737. Por un lado, destinar un predio para poner a disposición de la Gendarmería Nacional, que contenga en preferencia un lugar mínimamente edificado, a fin de ser utilizado para eventuales operativos de vigilancia, recorridas y/o apostar hombres, patrullas u otros elementos de manera provisoria o permanente para la lucha contra el narcotráfico en la región.
La causa
En abril de 2017, el TOF de Corrientes condenó a penas de entre ocho y 20 años de prisión a diez integrantes de una organización transnacional que ingresaba cocaína a nuestro país mediante vuelos clandestinos hacia la localidad correntina de Santo Tomé.

El 14 de noviembre de 2013 efectivos de Gendarmería habían allanado las estancias de María Hilda Calabrese, una mujer nacida en Concordia, Entre Ríos. Encontraron alrededor de 330 kilos de cocaína —algo inusual para una ruta natural en el tráfico de marihuana paraguaya como es Corrientes—, cuatro avionetas, un tanque con combustible para ellos y armas, todo lo cual fue secuestrado en el lugar. “Tenían una logística importante con una pista de aterrizaje casero de mil metros, un camión tanque con bomba eléctrica para surtir de combustible a las aeronaves, teléfonos satelitales, equipos de comunicación, radios, GPS y hasta un generador de energía eléctrica en el campo y su trayecto a la casa. La banda se dedicaba a traficar cocaína en tránsito aéreo entre Paraguay y Brasil y usaban a la Argentina como base soporte para traficar sin ser detectada”, indicó el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.

Las estancias de Calabrese, “Santa Ursula” (sobre la ruta provincial 12) y “Santa María del Aguapey” está en inmediaciones del río Aguapey, en la frontera con Brasil. Contaban con improvisadas pistas de aterrizaje sobre la tierra de alrededor de entre 700 y 1000 metros de largo, algo que no es anormal en campos de esas dimensiones. Las estancias están ubicadas a 430 kilómetros de la capital provincial y a 100 kilómetros de Santo Tomé. “Los campos de la estancia Santa María Niemiz se habían arrendado a un ciudadano brasileño. El arrendamiento era por los campos y no por el casco de la estancia. Eso provocó un cisma importante cuando estalló la causa porque varios de los hijos de María Hilda seguían yendo regularmente al casco de la estancia si saber que a unos cientos de metros había gente armada hasta los dientes custodiando droga”, explicó un conocedor estrecho de la familia Calabrese, que pidió reserva de su nombre.
María Hilda
Quienes conocen a María Hilda Calabrese la describen como una “mujer de alcurnia de gustos caros —joyas y cremas— que jamás lavó un plato o cocinó en su vida. Ella estudió kinesiología en Corrientes, pero nunca ejerció. Siempre fue «ama de casa» y se ocupó de la crianza de sus hijos”. Pero que sin embargo “supo tener una vida sin ostentaciones, un valor que le transmitió a sus cuatro hijos. Ellos viven en una ciudad chica (Santo Tomé no supera los 30 mil habitantes) y toda la familia se movía con un sólo vehículo. Nadie en la localidad sentía que era gente que tenía mucha plata. A pesar de lo que tienen son gente de perfil bajo”, alertó el allegado. Nacida en Concordia, Entre Ríos, María Hilda estuvo casada con un veterinario, padre de sus cuatro hijos entre 20 y 30 años, hasta hace una década cuando se separó de hecho. “Mientras vivieron juntos él fue el administrador de los campos”, indicó el vocero.

Según contaron en Santo Tomé, hace una década María Hilda mantuvo un romance con “Fioro” Niemiz, quien era administrador de campo. Esa relación hizo que la mujer debiera optar y se separó de su esposo. Apostó y perdió. “No fue una relación pública, o de exposición. Fue todo muy a las sombras. Pero cuando esa relación fue conocida por la familia terminó con su matrimonio. Pero no es que a partir de entonces María Hilda hizo vida social con Niemiz. Lo hacían cuando viajaban a Corrientes o Buenos Aires. Pero en Santo Tomé no se mostraban”, indicó el vocero. María Hilda, dos de los hijos de María Hilda y su ex esposo continuaron viviendo en Santo Tome, ubicado a 390 kilómetros de Corrientes y a escasos 15 kilómetros de la ciudad de Sao Borja, en Brasil.

“Los Calabrese son reconocidos hacendados en la zona de Alvear y Santo Tomé. Tienen estancias en esos lugares de toda la vida. Y la «Santa María de Aguapey» es la más representativa de la zona. Por linda y por la riqueza de sus tierras”, explicó el allegado. ?

Una vez que estalló el escándalo narco en sus estancias Calabrese se presentó ante la Justicia para mostrar los contratos de “arrendamiento y de pastaje sobre los campos” que llevaron a cabo Niemíz (en su nombre) y el ciudadano brasileño Silvio Andrade De Lima Borges, también conocido como “Max”, hoy prófugo de la Justicia. El contrato fue por “un total de 2.640 hectáreas de la mencionada estancia para la explotación de cría y/o recría de ganado vacuno” según el acta de elevación a juicio. Calabrese terminó presa en el Instituto Pelletier. En principio Niemiz estuvo prófugo y luego se presentó espontáneamente en la Justicia. Fue procesado por el delito de organizador de almacenamiento, transporte y distribución de estupefacientes. En la segunda jornada del juicio, Niemiz declaró ante el tribunal. Dijo que había colaborado con la investigación de Gendarmería, que había señalado a los narcos brasileños y que María Hilda nada tenía que ver. “Ella contó que durante el juicio se cruzaron pocas veces. Que ella lo miró y él agachó la cabeza”, describió el vocero.

“Los que la conocen a la única conclusión que llegan es que todo esto le pasó por amor. Se dejó llevar por el «Fioro» y terminó condenada por narcotráfico”, sentenció el vocero. En pocos días se conocerán los fundamentos de la sentencia. Tal vez allí se filtre una explicación del rol de una hacendada que cambió una vida opulencia por dos décadas de cárcel.
La hacienda, punto de acopio de la cocaína
“Con anterioridad al día 14 de noviembre del año 2013 han conformado una asociación ilícita, poniendo en marcha una organización criminal, con componentes internacionales, dedicada al tráfico ilegal de estupefacientes; cumpliendo para ello varios roles distintos, desplegando su accionar por diferentes puntos geográficos de la Argentina y de países vecinos (Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil), con epicentro en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, donde utilizando la infraestructura de establecimientos rurales, situados en una zona limítrofe con Brasil y Paraguay, como ser las estancias «Santa Ursula» y «Santa María del Aguapey» (propiedades de Calabrese) recibían proveniente del exterior una importante cantidad de sustancia estupefaciente —cocaína— que luego de ingresar al territorio nacional a bordo de aeronaves particulares que aterrizaban en esos predios, era acopiada transitoriamente en diferentes ámbitos físicos de las estancias, para luego nuevamente ser trasladada hacia otros lugares de Argentina y de países fronterizos”, explicó el fiscal Carlos Schaefer en su elevación a juicio.

Fuente: El Litoral y La Capital

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