El desafío de articular acciones concretas de corto y mediano plazo para el desarrollo de la bioeconomía fue el eje central de un panel sobre “Políticas de Estado para la Bioeconomía”, durante el Congreso de Maizar 2023. Participaron los máximos referentes del sector de las tres mayores provincias maiceras, que aportan USD 1.000 millones en retenciones: Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba; Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires; María Eugenia Carrizo, secretaria de Alimentos de la provincia de Santa Fe, así como Dalia Lewi, directora Nacional de Bioeconomía, moderados por Rodolfo Rossi, presidente de la cadena de valor de la soja (Acsoja) y Pedro Vigneau, presidente de Maizar.
“El hecho de la creación de la Dirección Nacional de Bioeconomía (en 2020) es todo un símbolo, porque se transformó en acciones concretas”, dijo Dalia Lewi, directora del área. La repartición tiene como objetivos básicos generar políticas públicas para fomentar la bioeconomía, señaló, y para ello, el camino es promover la articulación y vinculación entre la investigación, el desarrollo, la producción y la innovación.
Para Lewi, que fue durante más de 25 años investigadora del INTA, la evolución de la bioeconomía va a surgir a partir de la eficiencia y el mejoramiento de las cadenas productivas, de la promoción de las prácticas en equilibrio con el ambiente y la elaboración de productos agropecuarios y agroindustriales con altos estándares de calidad.
“Para ello avanzamos creando la comisión asesora del Programa de Fomento de la Bioeconomía. Este programa preexistía, pero lo revitalizamos, lo trajimos a esta dirección nacional, y la comisión asesora está conformada por expertos de las distintas disciplinas vinculadas a la bioeconomía”, indicó. En ese ámbito, del que participan entre 45 y 50 personas expertas de las distintas disciplinas, se gestó el plan de acción de la bioeconomía para el sector agropecuario.
“Acuñamos un concepto en relación con este paradigma de la bioeconomía que es el de biodesarrollo, a partir de un modelo de prácticas innovadoras de producción en base al aprovechamiento de recursos, procesos y principios biológicos y formas de generación y aplicación de conocimiento para producir alimentos, energía, productos y servicios de manera sostenible, que conduzcan al desarrollo de las comunidades, de los territorios, en los aspectos sociales, productivos y ambientales”, describió Lewi. Para su fomento, el Gobierno nacional dispuso líneas de financiamiento, con aportes que van desde 15 hasta 75 millones de pesos, según la dimensión del proyecto.
En sintonía, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos aires, Javier Rodríguez, trazó los lineamientos de la política en materia bioeconomía, apuntando a la innovación. “Nuestro foco es impulsar la innovación para la producción, articulando con las organizaciones y el sector privado”, explicó. En este sentido, señaló que resulta clave en este trabajo el modelo de chacras experimentales que tiene la provincia, un total de 16, con el objetivo de trabajar en investigación y extensión agropecuaria, y generar información productiva.
0Dentro de sus líneas de trabajo, Rodríguez revalorizó dos: una relacionada con la investigación en desarrollos genéticos, que incluye al maíz, para determinadas zonas de la provincia, en articulación con otras instituciones (INTA y CONICET) y empresas privadas. La segunda está vinculada a la producción de bioinsumos, como parte de un modelo de producción más sustentable y amigable con el ambiente.
“Queremos tener una trayectoria muy clara en los productos biológicos y ese es el desafío. Queremos poder articular líneas de trabajo específicas que tengan resultados concretos”, concluyó Rodríguez.
Debido a los efectos adversos del clima, que hicieron que Santa Fe perdiera el 85% de su producción de maíz, el gobierno de la provincia busca darle una vuelta de tuerca más al modelo de bioeconomía. “De los 6,5 millones de toneladas de maíz que se produjeron en la campaña anterior, en la actual se van a cosechar un millón”, graficó María Eugenia Carrizo, secretaria de Alimentos de la provincia de Santa Fe.
A partir de estas pérdidas productivas y económicas, que obligaron a muchos productores a tener que hacer maíz de tercera para abastecer de reservas a los tambos durante el otoño y el invierno, la provincia de Santa Fe avanza en la modernización de su ley de emergencia agropecuaria. “Venimos trabajando en una nueva norma, porque la vigente ya tiene 28 años y quedó desfasada de la realidad productiva del país. No brinda herramientas concretas a los productores”, justificó la funcionaria.
El nuevo marco busca poner en marcha herramientas que, espera Carrizo, estimulen al productor. “La ley actual beneficia el propietario del campo y hoy el 70% de la producción es en campo arrendado”, agregó. El fomento a la toma de seguros agropecuarios y de ayudas para los productores que realizan las inversiones y coberturas para resiembra son parte de los nuevos instrumentos a poner en marcha.
Para Sergio Busso, ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, el modelo de políticas públicas para el estímulo a la bioeconomía se apoya sobre tres ejes: la sustentabilidad, la infraestructura y la transformación en origen.
La sustentabilidad se cimenta en “el programa de buenas prácticas agropecuarias (BPA), que se puso en agenda como política de Estado y que ya lleva siete años. En Córdoba ya no se produce de cualquier manera, y se lo hace respetando y cuidando los recursos y con compromiso social”, indicó.
En cuanto a infraestructura, Busso se refirió a la pavimentación de caminos rurales, la distribución de energía (con gasoductos de una extensión de 3.000 kilómetros) y la conectividad. “El fondo de desarrollo agropecuario, que se nutre con el aporte del 70% del impuesto inmobiliario que pagan los productores y que es intangible sirve para eso”, explicó.
En cuanto a la transformación de la producción en origen, el ministro , puso como ejemplos las actividades que realizan las etanoleras ACA Bio (en Villa María), Bio 4 (Río Cuarto) y Promaíz (Alejandro Roca), que industrializan el maíz de la región.
No obstante, Busso reclamó una política de Estado a nivel nacional que apunte a eliminar las retenciones al sector agropecuario y a unificar el tipo de cambio. “Las provincias no tienen incidencia sobre las decisiones macroeconómicas que requieren de transparencia y de previsibilidad”, alertó. Y para enfatizar el concepto dejó un dato final: en esta campaña, las tres provincias de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) van a aportar USD 1.000 millones de dólares en retenciones.
Fuente: Congreso Maizar 2023
