El resultado se desprende de una encuesta de 500 casos realizada por Coninagro, que reveló que el 71,5% de los productores manifestaron percibir una “mala” o “muy mala” respuesta gubernamental ante la emergencia provocada por la sequía. Y para el 60% de los consultados, la producción cayó 50% o más respecto de la campaña pasada.
Los resultados derivan de un trabajo de Coninagro, orientado a diagnosticar cuál es el estado del sector. La entidad confió la encuesta a la consultora Synopsis, que relevó la opinión de 500 productores agropecuarios en distintas zonas del país. El 85,7% dijo haber sido perjudicado por la sequía, siendo la pampa húmeda la zona más castigada, donde ese porcentaje se elevó al 90%.
Los productores de granos y los ganaderos vacunos que se declararon afectados por la sequía fueron 96,5% y 93,9%, respectivamente. En cambio, 40,7% indicaron que también los impactaron las heladas, particularmente la ocurrida a mediados de febrero, que por su severidad y anomalía produjo tanto daño como la sequía. En el segmento vitivinícola la afectación por sequía subió al 98,6%.
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Consecuencias. Entre las principales consecuencias de la sequía, 68% de los consultados respondió que cosechó menos de lo esperado. También se destacaron las respuestas que apuntaron a las necesidades de asumir más gastos operativos (33%), tomar más deuda de la planificada (33%) y postergar inversiones (33%).
Del total de los encuestados, 62,4% señaló que su producción bajó 50% o más respecto de la campaña anterior. Entre Ríos, en agricultura extensiva, y Mendoza, en vitivinicultura, fueron las 2 jurisdicciones con mayores pérdidas por las heladas.
La consulta también preguntó sobre la opinión de los productores respecto de las ayudas o asistencias de los gobiernos ante la emergencia. El 76,8% señaló que su provincia declaró la emergencia. De ese total, 48,2% tramitó el certificado y del 51,8% que no lo hizo; la mitad aseguró que sí lo hará.
Independientemente de la declaración de emergencia, 71,5% calificó de “mala o muy mala” la respuesta gubernamental frente a la sequía. En Buenos Aires y Santa Fe se registraron las mayores críticas.
