Vuelve a tensarse la relación entre Vicentin y el Banco Nación. La cerealera concursada cruzó al banco oficial, su principal acreedor, y defendió el plan de pago que está próximo a cerrar con los acreedores, luego que la entidad crediticia estatal anunciara que impugnará el aval judicial a la oferta que hizo la empresa en el marco de su concurso.
“Las pérdidas que producirá el acuerdo son importantes para los acreedores y también para los accionistas, que se desprenderán de casi la totalidad de la sociedad. Pero el pago que obtendrán los acreedores es, a todas luces, el más alto posible: no existe alternativa mejor. Aquellos que alentaron esta posibilidad jamás han acercado una propuesta alternativa concreta o una mínima descripción de cómo estas acciones podrían ser superadoras a la propuesta concursal”, sostuvo Vicentin.
Así, la compañía, que adeuda u$s 1574 millones, criticó al Banco Nación por no haber detallado hasta ahora su propuesta de “cramdown”, la alternativa que la entidad crediticia propuso para que Vicentin salga de la crisis en la que cayó en diciembre de 2019, cuando entró en cesación de pagos.
Qué es. El “cramdown” propone armar de un fideicomiso financiero que, ante el avance de la propuesta de Vicentin, en las últimas semanas perdió peso. Es impulsado por un grupo de 72 acreedores comerciales, que integran el ala más crítica y representan un pasivo superior a u$s420 M de los u$s 1.574 M que adeuda la cerealera.
No obstante, acreedores más chicos rechazaron esa posibilidad. Aprueban la propuesta de la cerealera, a diferencia de esos 72 acreedores que se oponen. Desde la agroexportadora aclararon que ese grupo “está lejos de interpretar la voluntad de la mayoría de los acreedores quirografarios. No representan más del 6% de la masa y sus montos equivalen al 8% del total de la deuda quirografaria”, destacó el directorio de Vicentin.
La empresa explicó que “el acuerdo, cuya homologación corresponde decretar ahora, no solo protege los intereses de todos los acreedores, sino de los más pequeños, cuyos créditos quedaron pesificados, asegurando la continuidad de la fuente de trabajo y la empresa. Caso contrario, ante la ausencia de una ‘propuesta superadora’, lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin, que provocaría la pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores y de los puestos laborales, con conflictividad social, junto a su posible extensión al sector agroexportador”.
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Demoras. Más allá de estos argumentos, la impugnación del Banco Nación podría complicar la salida de Vicentin de su concurso. El planteo del banco oficial se enmarca en la posibilidad que dio la Justicia de realizar objeciones, por lo que los tiempos podrían dilatarse, en caso de que se realicen varias presentaciones en este sentido.
En línea con la postura que históricamente mantuvo en el concurso de acreedores, el Nación explicó que, desde el punto de vista económico, el acuerdo sería “extremadamente desfavorable”, mientras que desde la óptica jurídica sería “contrario al principio de igualdad de los acreedores que prima en este tipo de procesos”.
El anterior presidente del Nación, Eduardo Hecker, ya había anticipado el año pasado que no aceptarían la oferta de Vicentin. “El banco busca arribar al mejor acuerdo posible para preservar el dinero de la población. Estamos dispuestos mantener el diálogo y buscar soluciones. Pero no vamos a aceptar un acuerdo que implique convalidar el fraude y una alta quita, lo que significaría un daño al patrimonio colectivo”, afirmó en ese entonces, al diario El Cronista.
Oferta. La cerealera ofreció pagar hasta u$s30.000 a cada uno de los acreedores y el 10% del monto verificado convertido a dólares. Al año siguiente, pagará otro 10%. Luego, todos los créditos pasarán a un fideicomiso que recibirán, en unos 12 años, un 10% final, sujeto a las contingencias que deba asumir la compañía durante ese período.
Vicentin necesitaba obtener 860 votos afirmativos para alcanzar las conformidades necesarias, teniendo en cuenta que requería el aval del 50,1% de las cápitas. A la fecha, ya recibió la aprobación de más de 1000 acreedores. A su vez, precisaba la adhesión de quienes representan, al menos, el 66,6% de la deuda, porcentaje que también alcanzó.
A poco de concretarse la salida del concurso, la empresa busca acortar los tiempos judiciales para así salir definitivamente de la crisis, teniendo en cuenta que el proceso concursal lleva más de 3 años. Habría definiciones en los próximos días.
