Asociaciones ambientalistas cuestionaron al Juzgado Federal de Victoria, Entre Ríos, por permitir el acceso de maquinarias a las islas del Delta entrerriano para cosechar, sin tener en cuenta los argumentos de una de las causas penales que se tramitan en el fuero federal, a causa de los incendios y la construcción terraplenes ilegales en esa zona para extender la frontera agropecuaria.
Esas ONGs aseguraron que el titular de ese juzgado, Federico Martín, “se desentendió” de la recomendación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por presunto lavado de activos de esa cosecha, al no dictar una medida cautelar sobre la recaudación de la venta del cereal allí cosechado ni fiscalizar su volumen, sabiendo que se trata de un campo en litigio por incendios.
El magistrado habilitó una medida cautelar presentada por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y una empresa agropecuaria de la zona. Ambas solicitaron el ingreso de maquinaria y transporte para retirar, en los próximos días, unas 730 toneladas de maíz dispuestas en bolsas para silo, de un campo de 5.000 ha ubicado en las islas entrerrianas del Delta del Paraná, frente a las costas de San Nicolás y Ramallo. El pedido se realizó a raíz de una restricción legal que pesaba para todo tipo de acción allí, a raíz de los reiterados incendios forestales de la zona que “expone a los granos al constante peligro de los efectos del fuego, inclemencias del tiempo y roedores”, según adujeron los solicitantes.
Inversión. También argumentaron que los propietarios de esas tierras habían realizado “una inversión en un emprendimiento lícito, recalcando que están expuestos al riesgo de sufrir un perjuicio económico millonario” y, en función de eso, pidieron retirar el cereal, al argumentar que esa operación no afectaba al medio ambiente.
Al mismo tiempo, en la presentación judicial habían manifestado que “el cereal fue sembrado para alimentar al ganado, dada la ausencia de pastizales, a raíz de los incendios, y que tal situación no se pudo materializar producto de la medida cautelar que dispuso la prohibición del ingreso de embarcaciones”.
Es así que el juez hizo lugar a levantar la prohibición que regía sobre el área del Piecas-DP y autorizó el ingreso de maquinaria agrícola para cosechar, decisión que fue muy cuestionada por parte de las asociaciones civiles que militan por el cuidado del medioambiente y los ecosistemas del Delta del Paraná.
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Arbitrariedades. Fabián Maggi, apoderado de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, quien acompañó el reclamo legal de la asociación civil Luchemos por la Vida y el Medioambiente, en declaraciones al diario La Capital de Rosario (SF), dijo que la decisión del magistrado Martín “se enmarca en las habituales arbitrariedades del juez federal de Victoria, que carece de toda mirada ambiental y proteccionista, como la gran mayoría de sus decisiones, al desconocer el derecho humano a un ambiente sano, con un marcado desprecio por la normativa que ampara derechos humanos como el que nos ocupa”, sostuvo.
Al respecto, Maggi precisó que en su resolución del juez Martín “no se recibieron las sugerencias de la UIF, que está constituida como querellante, a raíz de que estos delitos ambientales, en pos de realizar una investigación financiera por presunto lavado de activos y por bienes que sean del producto del delito de la comisión ambiental”.
En tal contexto, cuestionó al magistrado, diciendo que “el juez desatendió la recomendación de la UIF y se desentendió con argumentos arbitrarios de todo tipo para señalar que no era necesario y lo mismo hizo con la recomendación de que previo al retiro se acredite la propiedad del mismo y las toneladas a retirar”, dijo el dirigente ambientalista.
Finalmente, agregó que “tampoco escuchó los planteos de la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, ni de Cuenca Río Paraná, cuya cosecha es producido de la comisión de un delito que es el de endicamiento e incendios en la zona”.
