Lo hizo porque el pago de $26.000, en concepto de bono extraordinario, que consiguió el gremio de la actividad, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), fue dispuesto por el Gobierno, sin acuerdo con las entidades de los productores, en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).
En diciembre pasado, en ese marco, la UATRE logró que el Gobierno le concediera, al margen del bono de $24.000 dispuesto para todas las actividades, un extra de $26.000.
Esto fue sin el aval de las entidades del sector, que rechazaron la medida y adujeron sus motivos, como la situación de crisis en las economías regionales, la suba de costos y el impacto en la merma del ingreso de los productores por la sequía.
A principios de enero pasado, la Mesa de Enlace, que reúne a las 4 entidades gremiales empresarias del agro, y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que representa a productores de economías regionales que no están en las 4 entidades, habían presentado un recurso administrativo en contra de la resolución 230 que otorgó el mencionado beneficio.
Crítica. “Creemos que las condiciones que atraviesan los productores de distintas regiones del país es crítica, luego de un 2022 que comenzó con incendios y un 2023 que arrastra una sequía que pone en riesgo la rentabilidad, en un contexto económico complejo”, había informado en su momento la Sociedad Rural Argentina (SRA) a sus socios, respecto del rechazo de esa entidad al bono extra de $26.000, junto con sus entidades colegas en la Mesa de Enlace.
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Fue así que, según lo que informó el diario La Nación, la Mesa de Enlace presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 71 una solicitud de medida cautelar contra el bono extraordinario de fin de año para los trabajadores rurales. “Está acción está enmarcada en la decisión tomada el 22 de diciembre pasado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario en la cual, el Ministerio de Trabajo de la Nación junto con la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y en oposición a la postura de las entidades de productores establecieron un aporte de $26.000 adicionales a los $24.000 del resto de los trabajadores”, informó la SRA a sus socios.
“Desde la entidad esperamos que la Justicia se haga eco de esta iniciativa ya que, como hemos hecho público, en reiteradas oportunidades, creemos que la medida adoptada no toma en consideración la situación actual que atraviesa el sector agropecuario”, agregó el comunicado.
Ministerio. La solicitud de la cautelar por parte del campo es contra el Ministerio de Trabajo de la Nación, para que se suspenda la resolución 230. En el pedido se señalan “gravísimos vicios en sus elementos de procedimiento, competencia, causa, motivación y finalidad”.
En el ruralismo interpretan que la resolución de la CNTA no tiene legalidad porque fue aprobada de manera unilateral. En el escrito habla que se vulneró la buena fe “negocial”.
Salarios. Mientras tanto, la UATRE está buscando que se trate una cláusula de revisión salarial. Al respecto, dijo que “ya se encuentra en plena negociación en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) para la obtención de un incremento de los salarios básicos para los trabajadores rurales permanentes de prestación continua, comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario de la Ley 26.727″.
“Se trata de la revisión del último acuerdo salarial firmado en agosto del año pasado y que estipulaba una instancia de readecuación en enero, que sirviera como contención ante la escalada inflacionaria”, agregó. El gremio señaló que la Mesa de Enlace no quiere discutir por este tema.
