Luego que el Gobierno anunciara que, entre los 27 proyectos de ley incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, está el del “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, que impulsa el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), hay más dudas que certezas respecto de su efectivo tratamiento.
En el CAA, el conglomerado no formalizado de más de 60 entidades de la agroindustria, espera que la demoradísima iniciativa finalmente tenga dictamen de comisión y luego sea tratada en el recinto, para “paliar los efectos de la sequía”.
Otra vez sopa. Pero en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados no son muy optimistas, a raíz del enrarecido clima político reinante entre oficialismo y oposición, que le daría muy poco margen para tratarlo en esta convocatoria, con lo cual el proyecto de ley, presentado oficialmente en 2021, podría sufrir una nueva demora.
Según explicó el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Ricardo Buryaile (UCR/JxC – Formosa), esta vez el proyecto podría volver a estancarse por el pedido de juicio político del Ejecutivo contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El legislador consideró que el temario tendría que haberse tratado entre los bloques y medir los tiempos políticos, antes de oficializarse, para “no errarle”.
Quilombo. “Hoy decís: vamos a aprobar la ley agroindustrial mientras yo me llevo puesta a la Corte… ¡Es muy difícil! Si no se resuelve este quilombo, va a ser difícil y es una pena, porque tenemos que buscarle a la gente soluciones y no problemas”, explicó Buryaile.
Y agregó que lo “ideal” era dejar el proyecto para marzo, ya que podía haber otra dinámica. “Mientras quieras llevarte puesta a la Corte para controlar la Justicia te va a pasar lo mismo”, recalcó.
El diputado formoseño explicó que todavía no está definido si va a haber quórum para dar dictamen, porque aún no han tenido reunión con el interbloque que la Unión Cívica Radical integra con el Pro y la Coalición Cívica en Juntos por el Cambio.
Buryaile explicó que, para las sesiones extraordinarias, habría que haber hablado primero con el presidente Fernández, antes de que se publicara el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias y coincidir en qué proyectos había que dar quórum y avanzar, pero ya con la esperanza de que hubiera algún mínimo consenso.
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Sin acuerdo. “Las sesiones son acuerdos parlamentarios o acuerdos de números y hoy no hay nadie que pueda poner números; no hay acuerdo parlamentario, es difícil resolverlo. Todos sabemos que no van a tener los números para voltear la Corte, pero el objetivo es desgastar también a la Justicia. De alguna manera, yo voy a estar hablando del régimen agroindustrial y no voy a estar dejando que se lleven puesta a la Corte”, agregó Buryaile explicando la dinámica parlamentaria.
Y añadió: “Esta es una ley que trabajamos y está mejor que la que presentó el oficialismo. Si bien esto no resuelve los problemas del campo, ahora lo ayuda, aunque ninguna ley resuelve los problemas macroeconómicos desequilibrados. Mientras no haya acuerdo parlamentario lo veo difícil (el tratamiento en extraordinarias), aunque yo voy a tomar la decisión que tome el interbloque”, sintetizó.
Bajas expectativas. Por su parte, Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) y vocero del CAA, consideró que la inclusión del proyecto de ley agroindustrial es una buena medida, “si el Congreso lo puede tratar y aprobar”.
No obstante, admitió que “las expectativas reales son bajas, porque la agenda es muy amplia. Hay 27 proyectos de ley para un período de extraordinarias, teniendo en cuenta que en todo el año de trabajo ordinario el Congreso aprobó solo 37 leyes, que en extraordinarias aparezcan 27, me parece mucho”, analizó.
Y sobre los tiempos políticos admitió: “No creo que se pueda aislar una cosa de la otra o si la oposición está dispuesta a dar quórum o debate con este tema del juicio político, pero puede haber un factor sorpresa”, se esperanzó
El proyecto de ley, que contempla diversos beneficios fiscales para la actividad agrondustrial, busca impulsar en 10 años sus exportaciones, de manera que, en ese lapso, se creen 700.000 nuevos puestos de trabajo, 210.000 de ellos con el agro.
Sequía. “Para alcanzarlos hay que empezar a corregir muchas cosas, empezando por la situación de la sequía, la macroeconomía, la liberación de las importaciones, la competitividad, pero es un objetivo que pone un horizonte y el proyecto de fomento va en esa línea y busca una solución”, aseguró Paseyro.
El dirigente destacó el trabajo que hizo la Comisión de Agricultura en Diputados, tratando de mejorar el proyecto. “Esto no tiene que ser una carga burocrática, sino un objetivo simple que puedan adoptar la mayor cantidad de productores. En el contexto de la sequía, cualquier incentivo al productor vale doble”
Y añadió: “Una cosa es hablar de una amortización acelerada para los productores que no tuvieron cosecha de trigo, o los que pueden tener el 50% de la cosecha de soja o maíz, eso vale por tres. Sería oportuno encontrar un espacio dentro de la política para tratar esta ley, porque es una herramienta de producción e inversión al empleo de toda la agroindustria”, remarcó.
¿En comisión? Paseyro destacó que, en el contexto de la sequía “esto serviría como un paliativo para el productor, que va a tener reducido su capital de trabajo. Una cosa era el proyecto sin la sequía y ahora es otra, la relevancia incrementa”, sostuvo.
Pese al escenario político adverso, el directivo se esperanzó con que se encuentren vías de escape y posibilidades de diálogo por este tema. Y mencionó con que es un indicador importante que el proyecto haya ingresado en el temario de las sesiones extraordinarias, ya que podría haber voluntades para tratarlo, al menos en comisión, para que no pierda estado parlamentario.
