Desde Federación Agraria Argentina estamos convencidos de que debe existir un indicativo de precios de pizarra en el mercado de cereales y granos, que se condiga con los mercados internacionales y que no se pueda distorsionar de manera discrecional o dirigir la formación de los mismos; porque sólo así se evitan posiciones dominantes de los mercados. Por eso, la decisión de las exportadoras Cargill y ADM es gravísima y atenta contra las normas que rigen este mercado y atacan a su transparencia. Porque hay que ser claros: necesitamos tener más precios de referencia en producciones que no los tienen y evitar profundizar tremendas distorsiones que afectan a productores y consumidores. Estaríamos en un contrasentido si permitimos este tipo de acciones que pretenden destruir a los precios indicativos que existen y que funcionan.
Esta situación es tan delicada como cuando se pretendió sacar del Mercado de Liniers la hacienda para manejar el precio de los animales en pie y así garantizar cortes baratos. Y aún más preocupante y grave es que el gobierno ha sostenido en reiteradas oportunidades (de manera implícita o explícita) que tiene la intención de distorsionar, desconectar y deprimir los precios de las producciones para desacoplar de los precios internacionales y tener un “mercado burbuja” a disposición, supuestamente, de la “mesa de los argentinos”. Así, se sigue castigando sin miramientos a los productores, impactando con más fuerza sobre los más pequeños, en los que se acelera la desaparición.
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Todos nos damos cuenta de que cuando necesita divisas el gobierno le pide a los exportadores que hagan adelanto de liquidación de divisas de exportación de trigo. O pergeñan entre ambos un plan de liquidación “inducida” de dólar soja, buscando que liquide el productor tentado con un dólar preferencial, lo que es lo mismo que sacarle las retenciones a la soja y a mitad del ciclo de liquidación del producto. Esta medida, aplaudida por el oficialismo y sus socios, fue claramente discriminatoria y tuvo un efecto nocivo devastador sobre los más débiles que no tenían o tenían poco producto.
Nos regimos por la realidad, que es la única verdad. En un país donde la intervención distorsiva del Estado en manos del gobierno, es la norma, pareciera “lógico” que sus socios privilegiados quieran hacer lo mismo cooptando, distorsionando y manejando un mercado absolutamente intervenido por el gobierno con su terrible brecha cambiaria y sus derechos de exportación. Por eso le reiteramos al gobierno nacional que beneficiar a un puñado de amigos con diversas ediciones de programas no es el camino, porque pareciera que en las ansias de ingresar dólares a las arcas del Tesoro se deja lugar al accionar desmesurado y fuera de lugar de actores desprejuiciados y contrarios a los intereses de todo el país y del sector, que creen estar por encima de la ley y las buenas prácticas.
Como entidad nos preguntamos si el Gobierno hará la vista gorda ante este accionar que va en contra de casi todo el sector y sólo beneficia a dos empresas. En pocas palabras: en menos de seis meses, el Gobierno ya habilitó a que en dos oportunidades se llevara adelante una fenomenal transferencia de recursos desde los productores hacia los sectores concentrados. ¿Ahora también les dará vía libre para operar por fuera del sistema? Pareciera que los “favores” nos van a salir demasiado caros a los argentinos y más especialmente a los productores, que cobramos U$S 170 por la soja cuyo valor es de U$S 500.
Fuente: Prensa FAA
