Por la frecuencia, la intensidad y la organización de los hechos delictivos, la inseguridad rural es ya una preocupación importante para muchos productores agropecuarios.
Sucede, por ejemplo, entre quienes viven y trabajan en la zona de Totoras, provincia de Santa Fe. Allí hubo un hecho de inseguridad en el campo familiar de Lorena Marengo, a mediados de noviembre pasado, durante un corte del suministro eléctrico.
“Como no es la primera vez que nos pasa, ya tenemos instalado un sistema de alarmas y cámaras y los ladrones calcularon que, sin electricidad, las baterías se descargarían, por eso eligieron ese momento”, explicó Marengo al medio Infocampo.
Decisión. Luego del hecho, tras haber sufrido 5 robos en 4 años, tomaron una decisión drástica: la casa en la que habían vivido más de 2 generaciones de la familia de su esposo, fue convertida en una tapera.
Lorena es fonoaudióloga, pero desde hace un tiempo, con su familia, se hicieron cargo del campo. Admite que ni ella ni sus pares están lo suficientemente preparados para lidiar con la inseguridad: “Los productores somos muy fuertes en muchas cuestiones, pero en esto, lamentablemente, empezamos a tomar experiencia y a preparar los campos para prevenir estos hechos”.
Se trata de episodios delictivos que no incluyen solo a Totoras, sino también a otras localidades como Salto Grande y Colonia Medici. “Son pueblos que se nutren del campo y están siendo totalmente vulnerados y castigados por el delito, sin ver ningún signo de voluntad política de ningún Gobierno para resolverlo”, lamenta Marengo.
Atención sin recursos. Sí mantienen una relación cercana con “Los Pumas” -la Policía Rural de la provincia- y admiten que los conocen por su nombre y siempre les atienden el teléfono. Pero remarca que -a pesar de la buena voluntad, que agradecen- la guardia rural cuenta con escasos recursos.
Lee también
- Pronóstico de lluvias hasta el 24 de diciembre
- ¿Alivio? La Niña comienza a perder fuerza y dan precisiones sobre su final
- En lo que va del “dólar soja” 2, los productores vendieron 66% menos que en el primer programa
- Del productor al consumidor: el precio de los agroalimentos en noviembre se multiplicaron 3.6 veces
“Le pido al Gobierno provincial que les dé móviles, nuevas centrales y destacamentos para que puedan hacer base y estar más cerca, porque ocurre que cuando los llamamos, como se trata de distancias grandes, llegan tarde a asistir al productor víctima de delitos. Ahora hay mucha sequía, pero cuando llueve la transitabilidad por los caminos se les hace muy difícil y estamos desamparados. Hoy hacen mucho con poco”, dijo.
La productora explicó que “antes el delito rural era algo aislado o puntual, ahora es mayor al delito urbano, si lo medimos en proporción de población”, y cuenta que su caso está en la Fiscalía de San Lorenzo y que tiene el teléfono de las oficinas; sin embargo, dijo que llama 3 a 4 veces por día sin recibir respuestas.
Despoblamiento. “Mi angustia es la de muchos otros productores, porque parecería que no pasa nada y lo terminamos resolviendo nosotros. El delito está organizado y los ladrones saben lo que están haciendo, por eso cada robo implica grandes pérdidas que muchos productores no pueden reponer nunca más”, señaló. Una de las mayores pérdidas es la de personas que deciden dejar de trabajar en el campo o mudarse a las ciudades para no habitar “tierra de nadie”.
Marengo explicó que “como cualquier empresa, las agropecuarias dependen de los empleados. Muchos de ellos nacieron y crecieron en el campo, pero entran en terror con estos casos y deciden mudarse a los pueblos para vivir en otras condiciones junto a su familia. Todo esto ha provocado un movimiento humano y económico de una envergadura que todavía no dimensionamos, pero que tiene un gran impacto”, enfatizó.
Propuesta. Además de reclamar por recursos para la guardia rural santafesina -Los Pumas- y pedir la creación de una fiscalía de delitos rurales, Marengo envió una nota al Ministerio de Seguridad de la Provincia para ceder una esquina de su campo -que está en un cruce de rutas importante- con acceso a electricidad y un tramo de asfalto hasta el ingreso.
Es para montar allí un destacamento, garita u oficina policial hecha con contenedores, para tener una base más cercana a la zona donde son frecuentes los hechos de inseguridad. Aún no tuvo respuesta, pero no pierde las esperanzas de poder poner parte de su propiedad privada al servicio de las fuerzas locales, por su tranquilidad y la de sus vecinos.
