Así definió el fiscal Diego Luciani a la situación del otorgamiento de la obra púbica en la que Cristina Fernández de Kirchner es juzgada por Tribunal Oral Federal N° 2. Fue al comenzar el alegato, en el que acusó a la actual vicepresidenta y a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, de haber instalado “una de las maniobras más extraordinarias de corrupción”, al tiempo que su colega, Sergio Mola, completó la presentación detallando cómo se produjo “el apoderamiento de empresas” constructoras de Santa Cruz.
En el primer día del alegato, que durará 9 jornadas, ambos fiscales buscan demostrar que la vicepresidenta CFK fue la jefa de una asociación ilícita destinada a quitarle fondos al Estado y que favoreció al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública. La vicepresidente tuvo que escuchar los alegatos conectándose por zoom al comienzo de las exposiciones.
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Como prueba de la “alianza y unión indisoluble” entre Baéz y el matrimonio Kirchner, el fiscal Mola mencionó a Carlos Joaquín Alonso. “La persona de máxima confianza de Báez, la que puso a manejar los destinos de esta empresa fue la misma que luego designó Cristina Fernández de Kirchner en un cargo de enorme relevancia para controlar la obra pública de todo el país” y puntualizó: “Para que se entienda bien, Alonso primero se hizo cargo de algunas empresas de Báez y luego Cristina Fernández de Kirchner lo designó segundo a cargo de Vialidad. Alarmante”.
“Es una relación que quema, como no va a pretender tomar distancia”, consideró el fiscal sobre la actitud de la vicepresidenta y destacó: “El estrechísimo vínculo está más que acreditado a partir de que de manera sostenida en el tiempo se efectuaron entre ellos millonarias operaciones de compra y venta inmobiliarias”.
Mientras Lázaro Báez, a través de sus empresas constructoras recibía millones como producto del otorgamiento ilegal y direccionado de los contratos de la obra pública, se le pagaban anticipos financieros”.
Y continuó diciendo que “al mismo tiempo Lázaro Báez se convertía en el principal adquirente de las propiedades del matrimonio presidencial, además, en el administrador de sus hoteles y, por si esto fuera poco, en el inquilino de otras propiedades”, siguió diciendo Mola. Y recalcó: “Lázaro Báez se convirtió así no solo en un contratista privilegiado del Estado, fue el contratista privilegiado de los jefes de Estado”.
Sobre Báez, sostuvo que “es absolutamente chocante al sentido común que una persona que era monotributista, sin bienes, sin conocimientos específicos en la materia, montara semejante estructura y que la administración pública ni se inmutara”, advirtió Mola sobre el favoritismo que hubo para Lázaro Báez, quien de repente, y en una situación “notoria, desconcertante, llamativa”, en 2003, se convirtió en el contratista más importante de Santa Cruz, según la exposición de Mola y Luciani.
Caso Gotti. El fiscal Mola detalló, entre otros casos, el de la constructora Gotti, “considerada una de las sociedades más importantes instaladas en Santa Cruz”. Así, relató que fue la hija del dueño de la empresa, Fabiana Gotti, quien aseguró que “tiempo antes de morir su padre, le dijo que desde el poder político de la provincia de Santa Cruz que era presionado para que vendiera la empresa”.
“Concretamente estas presiones implicaban ahogar financieramente a Gotti, al no pagarle las obras concluidas. Le habían metido a un interventor, Lázaro Baéz, el amigo del Presidente”, remarcó Gotti según palabras de Mola.
De la declaración de Fabiana Gotti se desprende, además que, ante las amenazas constantes, su padre le había dado un arma porque “temía por su familia”. Tiempo después, él y su mujer fallecieron en un accidente automovilístico que, según Mola “siempre quedó la duda si fue o no un atentado”.
El alegato continuará hoy en su segunda de las 9 jornadas previstas, donde Cristina Kirchner, acusada de corrupción, llegó a esta instancia del juicio imputada por haber liderado una asociación ilícita que direccionó obra pública vial hacia Lázaro Báez, quien ganó cerca del 80% de las obras en Santa Cruz, cotizadas en más de $46.000 M.
El caso se basa a partir de indicios y en pruebas directas surgidas de los expedientes de las licitaciones de obras públicas. Se habrían pagado sobreprecios y tolerado incumplimientos.
Existen documentos que revelan que Báez tenía trato preferencial a la hora de cobrar, que sus empresas simulaban competir, que recibió adelantos inusuales y que se le pagó por obras inconclusas.
Báez creó Austral Construcciones días antes que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en 2003. A partir de ese momento se “exportaron” funcionarios de Santa Cruz a la Nación y se concentró la obra pública vial en Santa Cruz, direccionándosela hacia Báez.
En este juicio oral se investigan hechos que constituirían el delito precedente al lavado de dinero investigado en la causa denominada “ruta del dinero K”, expediente en el que se condenó a Báez a 12 años por lavar unos US$60 M.
