Rechazo, dudas y cautela, como mínimo, es lo que expresaron las entidades gremiales empresarias del agro ante la iniciativa que trascendió al respecto desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lo que más molestó es que la iniciativa no se haya planteado en primera instancia con los representantes de la producción.
La queja desde las entidades rurales se da luego que el ministro del área, Julián Domínguez, adelantara a la industria semillera la idea de instrumentar, mediante una resolución administrativa de Agricultura, el cobro del uso propio que hacen actualmente los productores que, por ejemplo, guardan soja para semilla en la siguiente campaña.
La ley de semillas vigente, promulgada en 1973, contempla el uso propio sin límites. Pero sucede que esa norma se redactó en una época en que la biotecnología agrícola no existía y la soja apenas superaba las 400.000 ha en el país. Muy por debajo de la actuales de 16 a 17 M de ha que se siembran anualmente con la oleaginosa. Es por su desactualización que la industria semillera reclama, hace años, que se reconozca la propiedad intelectual de sus eventos biotecnológicos para avanzar en más inversiones en la actividad.
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Respecto de la iniciativa de Agricultura, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que existen muchos aspectos para analizar con más detalle.
“No lo veo bien. ¿Cómo se hará con quien compró la tecnología en la bolsa y, además, le cobren canon y que se termine el uso propio gratuito?”, se preguntó.
Y agregó: “Además, este cobro compulsivo no está bien porque pagaríamos por variedades con tecnología aplicada y otras que no la tienen. Por otra parte, el uso propio es lo que los agricultores que hemos ganado, aportando conocimientos, trabajo y riesgo. Está consagrado en la ley y cualquier resolución en contra, viola la normativa vigente”, puntualizó.
Alarma. En el mismo sentido, Santiago del Solar, coordinador de la Comisión de Granos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y ex jefe de Gabinete del entonces Ministerio de Agroindustria, entre 2017 y 2019, durante la gestión de Luis Miguel Etchevehere, en el gobierno de Mauricio Macri, dijo que “por ahora como está planteada la cosa, genera mucha alarma”.
El productor y ex funcionario recordó la foto que trascendió en los medios de la reunión de los directivos de la industria con funcionarios de Agricultura. “En esa reunión no estaba ningún productor, o sea, estaba el Gobierno pactando algo con los semilleros a espaldas de los productores. Es lo mismo cuando uno está en un restaurante con el menú y el que tiene que pagar la cuenta no está sentado y no participa en nada. El que tiene que pagar es el productor y no fue consultado, es muy duro para los productores”, graficó.
Y agregó: “Aparentemente sería una regalía global lo que se propone cobrar sobre el grano que se vende. Es una retención más. Por eso de entrada decimos así no va. Si vamos a hablar de algo, tiene que ser algo serio, no que por una resolución me puedan cobrar en una liquidación de granos un 2%, como ha trascendido. Si es eso, son unos US$300 millones o más que le quitarían al productor de soja argentino, lo cual sería absurdo”, añadió.
Aunque reconoció que se necesita un sistema de remuneración para la propiedad intelectual, Del Solar no cree que una resolución como la que trascendió “tenga una base legal para poder hacer semejante cosa”.
Ley, sí; resolución, no. “Tiene que ser por ley, donde se discuta como se discutió otra vez, que estén los productores y, por supuesto, los que votan que son diputados y senadores. No puede arreglarse en un salón del Ministerio de Agricultura, entre el ministro y los representantes de los semilleros cuánto le van a cobrar al productor”, se quejó.
Del Solar observó hacia donde iría el dinero que se recaude por la mentada resolución. “Me da la sensación que es una ingenuidad bastante grande de los semilleros de querer que ellos van a cobrar ese dinero. Una vez que le descuentan al productor esa regalía global, eso irá a parar, supongamos, a un fideicomiso (que está muy de moda). A partir de ahí van a ir apareciendo quienes van a decir que les corresponde porque son pequeños semilleros o que tienen un plan de investigación, entonces también les corresponde una parte. Todo el mundo va a estar pidiendo de esa plata”, aseguró.
El productor y dirigente de la SRA pidió ir por el camino de la ley, “que debía haber estado promulgada en su momento, pero que no hubo apoyo del partido que hoy promueve esta resolución”.
“El ahora oficialismo fue quien se tiró en contra del proyecto de ley semillas, también lo hicieron los semilleros cuando estaba listo el DNU (para sacar por esa vía un cambio de normativa, durante el gobierno de Mauricio Macri). Pero ahora resulta que de golpe se sientan en una oficina del Gobierno y nos dicen que nos van a querer cobrar una regalía global. Así no va”, sentenció.
Esperando el consenso. Por su parte, Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, dijo que “un canon a la producción no parece lo más adecuado”, pese a que desde esa entidad siempre se pronunciaron a favor de reconocer la tecnología en general y a los avances genéticos en particular.
“Desde la cartera de Agricultura nos transmitieron la preocupación que les transmiten los obtentores en cuanto al nivel de uso de semilla fiscalizada, que es solo del 18%, como así también de causas abiertas con algunos productores. Ante esto, nos manifestaron que están estudiando alternativas, las que serían oportunamente consensuadas con las partes. Y que de avanzar estas decisiones no afectarían a aquellos productores que hacen uso de semilla fiscalizada. Quedamos en que nos reuniríamos antes de tomar cualquier decisión para analizar y buscar la mejor alternativa para resolver este tema”, afirmó.
Finalmente, en un comunicado, entidades rurales y asociaciones de productores del norte bonaerense (San Pedro, Rojas, Baradero, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Pergamino, Salto y Colón) también criticaron la propuesta oficial.
“Desde las rurales del norte de Buenos Aires repudiamos un hecho más de intromisión del Estado en las actividades privadas, como vemos hoy, con el aporte compulsivo para eventos tecnológicos”, expresaron.
“Un tema tan sensible que afecta, tanto a obtentores de semillas, como a los productores, requiere tratamiento en el Congreso. Somos conscientes que se deben pagar los eventos tecnológicos, que hacen a los resultados productivos, pero una vez más, vemos interferir a la política entre particulares”, sostuvieron.
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