Hace alrededor de un año, por una decisión administrativa, el Gobierno Nacional puso en marcha el programa “Regularización de Empleo Público”. A cargo de la secretaría del mismo nombre, dependiente de la Presidencia de la Nación, el plan consiste en el pase a planta permanente de miles de trabajadores del sector público que hasta ahora estaban contratados con una modalidad transitoria.
El programa, que fue consensuado con los gremios Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -que reclaman este tipo de medidas hace mucho tiempo-, contempla a personas con 5 o más años de antigüedad, previéndose la incorporación a la planta permanente del Estado Nacional de unas 29.000 personas.
Según la Base Integral de Empleo Público, los empleados de la administración central -que incluye a la Presidencia, sus dependencias, los ministerios, secretarías, oficinas dependientes, entes y organismos descentralizados, como el Indec, con excepción de las fuerzas armadas y de seguridad- ascendieron a 194.237, en febrero de 2022. Dentro de este universo, cerca de dos tercios (127.040) son de la planta permanente. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) -dentro del cual se realizarán los concursos- los números se invierten, con 20.388 personas (31%), aproximadamente, dentro del registro.
El Gobierno buscará pasar 29.000, de las 46.178 personas dentro del Sinep, a planta permanente. Las nuevas incorporaciones la aumentarían en casi 23%. En total, la administración pública nacional, que representa al Poder Ejecutivo Nacional, emplea a 481.412 personas. Así, los empleados que pasarán a planta permanente representan un 6% de ese número.
Remuneraciones. El ingreso promedio de los trabajadores que pasarían a conformar la planta permanente es de un salario bruto que va de los $63.000 a los $70.500 y el 65% de ellos desempeñan funciones en CABA, de acuerdo con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
La decisión oficial (Decreto 449/2021) contiene un anexo de 67 páginas con el detalle de cuántas personas se incorporarán a cada área. Los que mayor cantidad de empleados efectivos sumarán son el Ministerio de Trabajo (829), el Ministerio de Desarrollo Social (727), la Dirección Nacional de Migraciones (689), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (631) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) (484).
El plan se pensó en etapas, a partir de un relevamiento realizado en 2020. Durante el transcurso de 2021, se abrieron 10.500 vacantes en 80 organismos y jurisdicciones, de acuerdo con un informe interno de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de Ana Castellani, elaborado en diciembre del año pasado. También se activaron 1.101 cargos pendientes, desde 2019, en 10 organismos. De estos, 1.457 ya finalizaron sus concursos, 819 fueron evaluados y 2.212 estaban en proceso. Se prevén para este año 8.136 incorporaciones.
En los últimos meses, se aceleraron las convocatorias de personal de distintos organismos, a través de resoluciones oficiales. El viernes pasado, se abrieron 5 cargos en el Instituto Nacional del Agua (INA). El día anterior, 180 para el Ministerio de Turismo y Deportes y, el lunes, 154 vacantes en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), que depende del Ministerio de Salud.
Lee también
- Pronóstico de lluvias hasta el 11 de junio
- Qué inversiones se podrían hacer en el agro con lo que el Estado se lleva por derechos de exportación
-
Pronóstico meteorológico para el trimestre junio, julio y agosto de 2022
- Las retenciones no bajan los precios domésticos y desalientan la siembra de trigo, la más costosa de los últimos 10 años
Sin aumento del gasto. Según una consulta realizada por el diario La Nación, ante la Secretaría Regularización de Empleo Público, los pases a planta permanente no tendrán efectos en el gasto público, debido a que no variarían los salarios de los trabajadores, aunque fuentes especializadas mencionaron que este cambio permite el cobro de adicionales o suplementos. Además, se estarían priorizando aquellos que tienen 10 años o más de antigüedad, es decir, que ingresaron al Estado en 2012, o antes.
Todas las etapas del proceso (la preparatoria, de inscripción vía web y carga de documentación, distintas evaluaciones y finalmente tramitación y designación) se realizan mediante la plataforma Concursar 2.0, creada por el Gobierno en 2021, que permite hacer concursos y promociones en forma digital.
Un estudio del Centro de Estudios en Comunicación Aplicada (Cecap) de la Universidad Austral reveló que 6 de cada 10 argentinos prefieren trabajar en el sector público, por sobre el privado. Las muestras son aún más claras cuando se hace la apertura por sectores de ingresos o de edad: el 66% de quienes tienen entre 18 y 29 años y el 73% de aquellos que se ubican entre 30 y 44, frente al 29% y 22%, respectivamente, que se inclinó por el mundo de las empresas.
Los entrevistados mencionan “la estabilidad como una de las principales cualidades del empleo público, frente a la incertidumbre que genera el empleo privado en cuanto a garantizar la permanencia laboral”, indica el informe.
Más de 20 años después. Fuentes oficiales aseguraron que el plan para busca cumplir la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, aprobada en 1999. Esa norma determina que solo un porcentaje de los empleados de cada área pueden ser contratados de manera transitoria y, luego, deben ser incorporados de manera permanente, según los convenios colectivos. Actualmente, rige el de 2006, que implica que solo el 15% de los contratos puede estar por fuera de la planta.
Según diversos estudios, son 3,9 M los empleados del sector público, aunque aproximadamente 80% forma parte de las administraciones provinciales, principalmente, y municipales.
Para los especialistas en cuestiones laborales, esta medida tiene una doble cara. Por un lado, destacan la importancia de normalizar la situación de los empleados públicos, que pasan décadas sin regularizar su situación contractual, aun en contra de la normativa vigente, impuesta -justamente- por el Estado. Sin embargo, por el otro, la estabilidad plantea riesgos en términos de la imposibilidad de despedir a un trabajador por mal desempeño y el continuo agrandamiento del Estado.
“Durante el gobierno de Mauricio Macri se puso en marcha este sistema y se hicieron 5.000 incorporaciones. A medida que pasa el tiempo, son más los empleados que están en condiciones de pasar a planta por antigüedad, por el constante aumento de las contrataciones en el Estado. Si bien el incremento en el gasto sería marginal, la estabilidad en el Estado implica el riesgo de que el empleado se estanque y se convierta en un problema”, mencionaron desde la Fundación País Abierto y Digital, conducida por el exministro de Modernización, Andrés Ibarra. En esa época (2015-2019), de acuerdo con funcionarios de aquel entonces, se redujo el plantel en 45.000 personas.
La antigüedad promedio en el cargo de los 29.000 empleados a regularizar es de 14 años, lo que da cuenta de 3 problemas centrales vinculados al empleo estatal de los últimos 15 años, según el Cippec.
“Primero, demuestra la ausencia de criterios formales en el reclutamiento y selección de empleados públicos, basados en concursos de mérito y oposición de antecedentes. En segundo lugar, los niveles de informalidad y fragilidad laboral de contratos de locación que luego continúan conformando las burocracias estatales, y sus diferentes ´capas geológicas´, agregando así distorsiones e inequidades varias. Por último, demuestra la continuidad de contratos cuyo sostenimiento se encuentra a merced de la discrecionalidad político partidaria de la autoridad gubernamental de turno y no a sus competencias profesionales”, dijeron en la ONG.
